Other LanguagesLa Attorney General’s Environmental Protection Division (EPD, División de Protección Ambiental del fiscal general) trabaja para proteger a los residentes de Washington y el medioambiente mediante la presentación proactiva de litigios en materia civil y penal en nombre del estado en virtud de la autoridad independiente del fiscal general. El fiscal general Ferguson ha establecido la protección del medioambiente como prioridad en su administración. Desde 2013, ha procesado delitos ambientales y generó más de 35 condenas penales y más de $5 millones en condenas de pago de multas, penalidades e indemnizaciones. La Environmental Protection Division también participa en importantes litigios civiles, en virtud de las leyes estatales y federales, centrados en actividades que ponen en riesgo la salud de las personas y el medioambiente. Dichas demandas llevaron a la recuperación de $95 millones destinados a ayudar a los residentes de Washington y nuestro medioambiente, incluido el apoyo sostenido a las tareas de protección ambiental que lleva a cabo la oficina del fiscal general.
En virtud de las leyes estatales, el fiscal general designa a un fiscal general adjunto de la Environmental Protection Division, quien cumplirá el rol de fiscal de asuntos ambientales y representará a los ciudadanos y sus intereses al proteger el medioambiente frente a propuestas de desarrollo de instalaciones de gran tamaño de producción de energía no hidráulica en el estado de Washington.
Defender el medioambiente
Iniciativas Amicus
Friends of the Earth v. Haaland (U.S. Court of Appeals for the District of Columbia [Tribunal de Apelaciones de EE. UU. para el Distrito de Columbia]) Washington lideró la elaboración de un informe amicus preparado por diversos estados en el que se afirma que la National Environmental Policy Act (Ley de Política Ambiental Nacional) exigía un análisis minucioso de las emisiones de gases que provocan el efecto invernadero para el arrendamiento con opción a compra de un importante territorio para la extracción de gas y petróleo.
Minnesota v. American Petroleum Institute, et al (U.S. Court of Appeals for the Eighth Circuit [Tribunal de Apelaciones de EE. UU. para el Octavo Circuito]) Washington lideró la elaboración de un informe amicus preparado por diversos estados en el que se afirma que las reclamaciones relacionadas con las leyes estatales que un estado presenta en un tribunal estatal contra los productores de combustibles fósiles y una asociación comercial no pueden ser trasladadas por los acusados a un Federal Court (Tribunal Federal).
Oceana v. Ross (U.S. District Court for the Central District of California [Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Central de California]) Washington presentó un informe amicus para asistir en una demanda frente al rechazo por parte de la presidencia de Trump de la adopción de la normativa que propuso el Pacific Regional Fishery Council, que establecía un límite estricto para la pesca incidental de especies en peligro de extinción durante las actividades de pesca de pez espada en el Pacífico con red de enmalle o deriva. El tribunal falló a favor del informe del estado. En la apelación, se asignó al estado la condición de apelado y tercerista coadyuvante y, posteriormente, el gobierno federal desestimó la apelación.
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The Wilderness Society, et al. v. Trump, et al.; Grand Staircase Escalante Partners, et al. v. Trump, et al. (U.S. District Court for the District of Columbia [Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito de Columbia]) Washington lideró una iniciativa amicus en la que participaron numerosos estados en apoyo a una demanda contra la proclamación del presidente Trump de reducir drásticamente los territorios de Grand Staircase-Escalante y Bears Ears National Monuments en Utah. Washington y otros diez estados afirman que las reducciones de los monumentos exceden la autoridad presidencial y tergiversan el objetivo de la Antiquities Act (Ley de Antigüedades) de 1906, según la cual se delega al presidente la autoridad de preservar los recursos arqueológicos, históricos y científicos de la nación como monumentos nacionales. Además, sostuvieron que las recisiones del presidente Trump perturbaron las relaciones entre los gobiernos estatales y el gobierno federal en relación con la gestión de los territorios federales dentro de las fronteras estatales.
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California v. Office of Natural Resource Revenue; California v. Bureau of Land Management (U.S. District Court for the Northern District of California [Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Norte de California]) Washington lideró una iniciativa amicus en la que participaron diversos estados en apoyo a una demanda contra dos iniciativas de desestimación ilegal de normativas por parte del United States Department of Interior (Departamento del Interior de los Estados Unidos). Ambos casos trataron el uso ilegal de la Administrative Procedures Act (Ley de Procedimiento Administrativo) para revertir una normativa relacionada con la extracción de carbón en territorios federales y una normativa promulgada con el fin de reducir las emisiones de metano debido a la extracción de petróleo y gas. En ambos casos, el tribunal declaró como inválidas las acciones objetadas.
Cartas de opinión
Normativa propuesta por la presidencia de Trump para reducir el alcance de la implementación de la National Environmental Policy Act (10 de marzo de 2020) Washington, junto con California, Nueva York y Washington D. C., lideró una carta de opinión a la que suscribieron numerosos estados en la que se criticaba la propuesta ilegal y sin fundamento por parte de la presidencia de Trump de reducir drásticamente las protecciones ambientales mediante la enmienda de las reglamentaciones de la National Environmental Policy Act (NEPA, Ley de Política Ambiental Nacional) de larga data. NEPA es un pilar fundamental de las leyes ambientales, que garantiza que las agencias federales tomen decisiones informadas teniendo en cuenta la opinión de los ciudadanos y después de un análisis cuidadoso de los impactos a la salud pública y el medioambiente.
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Oil and Gas Leasing Program (Programa de arrendamiento para la extracción de gas y petróleo) para la llanura costera del Arctic National Wildlife Refuge (13 de marzo de 2019) Washington lideró una coalición de múltiples estados que presentó sus opiniones sobre el borrador de la Environmental Impact Statement (Declaración de Impacto Ambiental) para el plan de la presidencia de Trump de permitir la extracción de petróleo y gas en la llanura costera del Arctic National Wildlife Refuge.
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Propuesta de la EPA para debilitar el rol de los estados en las certificaciones en virtud de la Sección 401 del Clean Water Act (21 de octubre de 2019) Washington lideró una coalición de 22 estados que presentó opiniones sobre las reglamentaciones de la Environmental Protection Agency (EPA, Agencia de Protección Ambiental) orientada a debilitar el rol que la Clean Water Act (Ley de Agua Limpia) otorga a los estados para ayudarlos a proteger sus masas de agua.
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Proteger el medioambiente de Washington
Casos representativos
Washington v. Crown Resources (U.S. District Court for the Eastern District of Washington [Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Este de Washington]) El 7 de mayo de 2020, Washington demandó a dos empresas mineras de oro por infringir la Clean Water Act (Ley de Agua Limpia) y verter cantidades ilegales de contaminantes en los arroyos del condado de Okanogan que desembocan en el río Kettle. El caso expone que las empresas infringieron de manera reiterada la Clean Water Act y la Washington Water Pollution Control Act (Ley para el Control de la Contaminación del Agua de Washington) durante seis años, e hicieron poco para cumplir con los permisos de calidad de agua y contener la contaminación de la mina. La mina libera contaminantes, por ejemplo, plomo y arsénico, en las vías fluviales cercanas. Estos contaminantes son dañinos para las personas, los ecosistemas acuáticos y especies de peces, como la trucha. El tribunal rechazó la moción de desestimación del caso presentada por las mineras y presentó una estipulación según la cual Crown Resources era culpable de 3000 infracciones mensuales de su permiso de agua limpia. Este asunto continúa pendiente en el tribunal federal, mientras el gobierno federal reflexiona sobre sus acciones. Para obtener más información, haga clic aquí.
Washington et al. v. Bernhardt (U.S. District Court for the District of Alaska [Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito de Alaska]) El 9 de septiembre de 2020, Washington lideró una coalición de 15 estados que se oponían a la autorización del gobierno federal para la excavación de la Coastal Plain of the Arctic National Wildlife Refuge para extraer petróleo y gas. La Coastal Plain es un tesoro nacional de 1,6 millones de acres (5400 km2), con una importancia biológica inigualable debido a sus cientos de especies, incluidos el caribú, el oso polar en peligro de extinción y millones de especies de aves que migran desde y hacia seis continentes y atraviesan los 48 estados inferiores. La zona es territorio sagrado de la población indígena Gwich’in y es extremadamente vulnerable a presiones ambientales como el cambio climático, que provocan que se derrita el hielo marino y el permafrost de la región. La demanda afirma que el plan de perforación infringe numerosas leyes, incluidas la Administrative Procedure Act (APA, Ley de Procedimiento Administrativo), la National Environmental Policy Act (NEPA, Ley de Política Ambiental Nacional), la National Wildlife Refuge System Administration Act (Ley Nacional de Administración del Sistema de Refugios de Fauna Silvestre, también llamada Refuge Administration Act [Ley de Administración de Refugios]), la Alaska National Interest Lands Conservation Act (ANILCA, Ley de Conservación de Tierras de Interés Nacional de Alaska) y la Tax Cuts and Jobs Act (Ley de Empleos y Reducción de Impuestos) de 2017 (Tax Act). Entre las numerosas infracciones ilícitas, la administración llevó a cabo una revisión ambiental deficiente y no analizó con seriedad los impactos que los planes de perforación tendrían en las aves migratorias, la emisión de gases de efecto invernadero y el cambio climático. El caso continúa pendiente en el tribunal federal, mientras el gobierno federal reflexiona sobre sus acciones. Para obtener más información, haga clic aquí.
Washington et al. v. Council on Environmental Quality (U.S. District Court for the Northern District of California [Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Norte de California]) Washington y California lideraron una coalición de 27 estados, territorios independientes, territorios, condados y ciudades con el objetivo de desafiar las nuevas reglamentaciones del gobierno federal que rigen a la National Environmental Policy Act (Ley de Política Ambiental Nacional). Estas reglamentaciones eliminan o reducen el control ambiental para una amplia gama de importantes decisiones a nivel federal y dañarán a las comunidades más vulnerables del estado de Washington. La demanda afirma que las nuevas reglamentaciones abandonan de manera ilícita los principios de la toma de decisiones informadas, la rendición de cuentas a los ciudadanos y la protección ambiental, e infringen a la misma NEPA y a la Administrative Procedure Act (Ley de Procedimiento Administrativo), que previene que las agencias federales adopten reglamentaciones que van en contra de las leyes o que se elaboran de manera arbitraria y sin fundamento. El caso continúa pendiente en el tribunal federal, mientras el gobierno federal deroga y reemplaza la normativa. Para obtener más información, haga clic aquí.
Washington v. Navy (U.S. District Court for the Western District of Washington [Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Oeste de Washington]) Washington demandó a la Marina estadounidense por haber expandido sus operaciones aéreas con Growler a Whidbey Island. En marzo de 2019, la Navy autorizó una expansión de su programa Growler, lo que aumentó la cantidad de aterrizajes y despegues a casi 100 000 por año, por los próximos 30 años. Los Growler son aviones que vuelan bajo para bloquear las comunicaciones de los adversarios. El régimen de entrenamiento con estos aviones incluye despegues y aterrizajes ruidosos y frecuentes. La Attorney General’s Office (oficina del fiscal general) afirma que el proceso de revisión ambiental para la expansión fue ilícita en tanto no midió los impactos a la salud pública y la vida silvestre en las comunidades de Whidbey Island y en sus cercanías. El tribunal falló a favor del estado y sentenció que la Navy infringió la National Environmental Policy Act (Ley de Política Ambiental Nacional). El caso continúa pendiente en los tribunales federales, a la espera de una sentencia sobre la reparación de las infracciones. Para obtener más información, haga clic aquí.
Puget Soundkeeper Alliance, et al. v. The United States Department of the Navy, et al. (U.S. District Court for the Western District of Washington [Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Oeste de Washington]) Se otorgó a Washington la condición de demandante y tercerista coadyuvante en un caso sobre la Clean Water Act (Ley de Agua Limpia) en el que se denunció la práctica de la US Navy de limpiar los cascos de las embarcaciones retiradas del servicio de manera que se liberaban metales y otros contaminantes en Sinclair Inlet. Esta contaminación puede perjudicar a los especímenes marinos a lo largo de la cadena alimenticia, incluidos los salmones y las orcas. En 2020, la Navy aceptó un Consent Decree (decreto de consentimiento) que estableció una moratoria de diez años para la limpieza bajo el agua de embarcaciones inactivas en todas las aguas de Washington y que obliga a la Navy a tomar importantes medidas correctivas en el lugar. Además, la Navy acordó pagar los honorarios de los abogados para la Attorney General’s Office (oficina del fiscal general) y los demás demandantes. Para obtener más información, haga clic aquí.
Washington, et al. v. U.S. Department of the Interior (U.S. District Court for the District of Montana [Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito de Montana]) Washington y otros tres estados demandaron a la presidencia de Trump debido a un programa para la concesión de derechos de explotación carbonífera en territorios públicos, que contribuye de manera significativa al transporte de carbón en tren en el estado de Washington. La demanda cuestiona la decisión del ministro del interior Ryan Zinke de reiniciar un programa federal de concesión para el carbón sin actualizar ni reemplazar su estudio ambiental de casi 40 años de antigüedad. El tribunal se pronunció a favor del estado y sentenció que el Department of Interior (Ministerio del Interior) no respetó adecuadamente la National Environmental Policy Act (Ley de Política Ambiental Nacional). Para obtener más información, haga clic aquí.
Washington v. Monsanto Corp. (King County Superior Court [Tribunal Superior del condado de King]) El estado de Washington fue el primero del país en demandar a Monsanto Corporation por la contaminación histórica a raíz de la producción, la venta, el uso y la eliminación de los bifenilos policlorados (BPC). Washington alega que Monsanto conocía los daños ambientales y para la salud humana que la producción y venta de los BPC ocasionaba, así como la persistencia de esta sustancia química en el medioambiente y que, aún así, continuó con estas prácticas para maximizar sus ganancias. El 24 de junio de 2020, después de tres años de litigio, la Attorney General’s Office (oficina del fiscal general) anunció que Monsanto pagará $95 millones a Washington para poner fin a la demanda. Para más detalles sobre la resolución, haga clic aquí. Para ver los antecedentes del caso, haga clic aquí.
Washington v. Moniz (Perry) (U.S. District Court for the Eastern District of Washington [Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Este de Washington]) Junto con Hanford Challenge, un organismo de defensa de los derechos de los trabajadores de Hanford, y la Association of Plumbers and Steamfitters Local No. 598, Washington demandó al Department of Energy (Departamento de Energía) debido a la exposición de los trabajadores a vapores altamente tóxicos que emanaban de tanques de desechos nucleares y químicos combinados, almacenados en la Hanford Nuclear Reservation. El estado alegó que las prácticas por parte de Energy de permitir que los trabajadores de Hanford se expusieran a los vapores sin tratamiento que emanaban de los tanques constituían un riesgo eminente y sustancial en virtud de la Federal Resource and Conservation Recovery Act (RCRA, Ley Federal de Conservación y Recuperación de Recursos). La demanda se resolvió con el compromiso del gobierno federal de implementar mejoras tecnológicas y de seguridad importantes y el acuerdo de pagar los gastos legales del estado. Para obtener más información, haga clic aquí.
Washington, et al. v. Pruitt (9th Circuit Court of Appeals [Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito]) Washington, junto con otros estados y numerosos grupos ambientales, presentó una demanda contra la Environmental Protection Agency (EPA, Agencia de Protección Ambiental) debido a que no reguló de manera adecuada el uso del insecticida clorpirifos. La EPA evitó tomar medidas a pesar de que su propia evaluación de riesgos hizo evidente que incluso los niveles bajos de clorpirifos dañan el cerebro de los niños cuando se usa en alimentos y cuando está presente en las aguas subterráneas. En virtud de la Federal Food, Drug, and Cosmetic Act (Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos), Washington y otros estados y organizaciones demandantes afirmaron que la EPA no podía seguir usando los límites de tolerancia de clorpirifos existentes debido a los riesgos. El Pleno del U.S. Court of Appeals for the Ninth Circuit se pronunció a favor del estado y ordenó que la EPA se pronunciara sobre las peticiones que denunciaban su falta de acción. Washington y otros estados han vuelto a demandar a la EPA debido a que esta rechazó las peticiones. El caso está pendiente en el Ninth Circuit Court of Appeals.
Asistencia para el cumplimiento de las leyes ambientales
La Washington Attorney General’s Office (oficina del fiscal general de Washington) no puede brindar asesoramiento legal a ciudadanos independientes. Sin embargo, la Governor’s Office for Regulatory Innovation and Assistance (ORIA, Secretaría Gubernamental para la Asistencia e Innovación Reglamentaria) cuenta con gran cantidad de información sobre los procedimientos de permisos ambientales. La ORIA ofrece diversos recursos en línea, incluido un cuestionario sobre los proyectos para determinar con facilidad qué permisos, licencias o autorizaciones se necesitan para un proyecto en particular. Además, la ORIA puede responder preguntas específicas sobre las licencias, las autorizaciones y los permisos del estado de Washington.
Haga clic aquí para dirigirse al sitio web de permisos ambientales de la ORIA
Analizar el emplazamiento de las instalaciones de producción de energía
¿Quién es el Counsel for the Environment?
Comuníquese con el CFE
Bill Sherman
Jefe de la división, División de Protección Ambiental
(206) 442-4485
bill.sherman@atg.wa.gov
El Attorney General's Counsel for the Environment (CFE, fiscal de asuntos ambientales de la oficina del fiscal general) representa a los ciudadanos y sus intereses al proteger el medioambiente frente a propuestas de desarrollo de grandes instalaciones de producción de energía no hidráulica en el estado de Washington. Los proyectos en cuestión se encuentran en revisión por parte del Energy Facility Site Evaluation Council (EFSEC, Consejo de Evaluación de Instalaciones de Energía) del estado.
En virtud de las leyes estatales, el fiscal general designa a un fiscal general adjunto para que actúe como fiscal de asuntos ambientales cuando el EFSEC recibe una solicitud de revisión de instalaciones. El CFE es un organismo independiente de los siguientes:
- el EFSEC;
- otras agencias estatales; y
- las partes involucradas en la propuesta de solicitud de las instalaciones.
¿Qué tareas lleva a cabo el Counsel for the Environment?
El Counsel for the Environment (fiscal de asuntos ambientales) cumple un papel importante en la revisión general del proyecto. Sus responsabilidades incluyen solicitar contribuciones de los ciudadanos, brindar información general sobre los procedimientos del Energy Facility Site Evaluation Council (EFSEC, Consejo de Evaluación de Instalaciones de Energía), ayudar a que los ciudadanos expresen sus inquietudes al EFSEC y participar en el proceso de revisión.
El CFE evalúa de manera activa los impactos ambientales que un proyecto podría tener en la comunidad local y los recursos naturales del estado. Cuando es probable que un proyecto genere impactos ambientales importantes, el CFE aboga por medidas que evitarán o mitigarán dichos impactos. Los impactos ambientales frecuentemente asociados con el emplazamiento de grandes instalaciones de producción de energía incluyen los siguientes:
- Calidad del aire
- Calidad del agua
- Disponibilidad de agua
- Hábitat de peces y vida silvestre
- Control de la sedimentación y la erosión
- Emisiones de gases que producen el efecto invernadero
- Ruido
- Impactos estéticos
Proyectos revisados representativos
Tesoro Savage Petroleum Terminal LLC.El 29 de agosto de 2013, Tesoro Savage Petroleum Terminal LLC presentó una Application for Site Certification (solicitud para la certificación del emplazamiento) para construir y operar Tesoro Savage Vancouver Energy Distribution Terminal (proyecto). El proyecto consiste, principalmente, en la recepción y el almacenamiento temporal de hasta 360 000 barriles de petróleo crudo diarios en promedio provenientes del medio oeste de Estados Unidos en el puerto de Vancouver, en el condado de Clark. El petróleo crudo llega por tren, se descarga y se almacena temporalmente en las instalaciones; luego, se carga en embarcaciones, principalmente para enviarse a las refinerías de la costa oeste.
El Energy Facility Site Evaluation Council (EFSEC, Consejo de Evaluación de Instalaciones de Energía) afirmó que la presentación pública del borrador de la Environmental Impact Statement (EIS, Declaración de Impacto Ambiental) en virtud de la State Environmental Policy Act (SEPA, Ley de Política Ambiental del Estado) tendrá lugar en julio de 2015. El EFSEC notificará a los ciudadanos cuando se publique la EIS. A continuación, los ciudadanos tendrán 30 días como mínimo para revisar el borrador de la EIS y expresar sus opiniones. El proceso de certificación del EFSEC también exige que este organismo realice audiencias adjudicativas sobre el proyecto propuesto. Puede encontrar las fechas de las audiencias programadas y los alegatos presentados en http://www.efsec.wa.gov/Tesoro-Savage.html.
Procesar delitos ambientales
Descripción general
La Attorney General’s Environmental Protection Division (División de Protección Ambiental del fiscal general) investiga y procesa las infracciones graves de las leyes ambientales del estado. Trabajamos con la Environmental Protection Agency (EPA, Agencia de Protección Ambiental) de EE. UU., el Department of Ecology (Departamento de Ecología) del estado, el Department of Fish and Wildlife (Departamento de Pesca y Vida Silvestre), el Department of Natural Resources (Departamento de Recursos Naturales) y otros organismos estatales y federales. Además, trabajamos en estrecha colaboración con los fiscales de los condados y los United States Attorneys for the Western and Eastern Districts of Washington (fiscales de Estados Unidos para el Distrito Este y el Distrito Oeste de Washington). El fiscal general Ferguson creó el programa contra los delitos ambientales en 2013. Desde ese entonces, nuestra oficina ha procesado delitos ambientales y generó más de 30 condenas penales y más de cinco millones de dólares en condenas de pago de multas, penalidades e indemnizaciones.
Denuncias de delitos ambientales
Nota: El objetivo de este formulario es informar a la Attorney General's Office (oficina del fiscal general) sobre posibles delitos ambientales, pero no pretende sustituir la denuncia de derrames, fugas u otras actividades posiblemente ilícitas a la Washington Emergency Management Division (División de Gestión de Emergencias de Washington), el National Response Center (Centro Nacional de Respuesta) o el personal de emergencia local.
Para denunciar un derrame, una fuga o una descarga, llame a la Washington's Emergency Management Division (División de Gestión de Emergencias de Washington) al 1-800-258-5990.
Para informar una emergencia, llame al 911 de inmediato.
Casos representativos
Electron Hydro LLC y Thom Fischer Washington obtuvo la admisión de culpabilidad de una empresa y su ejecutivo, quienes colocaron de manera ilícita césped artificial que contenía virutas de caucho en el río Puyallup durante la implementación de un proyecto hidráulico. Los acusados aceptaron la recomendación de sentencia según la cual se vieron obligados a pagar un millón de dólares en multas e indemnizaciones. Para obtener más información sobre este caso, haga clic aquí.
Pacific Foundation/Columbia Pacific Construction/Nicholas Ackerill/Sierra Santa Fe En casos independientes, Washington obtuvo la admisión de culpabilidad de una persona y de empresas que extrajeron de manera ilícita equipos de control de emisiones de diésel de camiones y, por ello, infringieron la Washington Clean Air Act (Ley de Aire Limpio de Washington).
State v. Cayo (Mason County District Court [Tribunal del Distrito del condado de Mason]) Washington logró la condena de un hombre que tapó y alteró el cauce del río Tahuya en el condado de Mason. Las acciones de Cayo provocaron daños graves al hábitat y la vida silvestre, incluidas las carreras de salmón y trucha arcoíris en peligro de extinción, en violación de la Ley para el Control de la Contaminación del Agua y la Ley de Gestión de Costas. Cayo recibió una sentencia de encarcelamiento, encarcelamiento suspendido y se le ordenó pagar indemnizaciones para reparar el daño que causó al río.
State v. George Campbell and Broadband Environmental Service, Inc. (King County Superior Court [Tribunal Superior del condado de King]) Washington obtuvo la admisión de culpabilidad por un delito menor y cargos por un delito mayor sobre la falsificación de datos de la calidad del agua. Desde 2012 hasta 2014, George Campbell y su empresa, Broadband Environmental Service, Inc. falsificaron datos sobre la calidad del agua en informes relacionados con el uso de agua regenerada en ejercicios de capacitación sobre incendios. Debido a la falsificación, se permitió que los bomberos estuvieran en contacto con agua contaminada que no satisfacía las normas estatales y que contenía coliformes fecales. Campbell recibió una condena de encarcelamiento suspendido, dos años de libertad condicional y se le ordenó pagar multas e indemnizaciones.
State v. Ryan Lewis and Cleaner Pressure Washing, LLC (Pierce County Superior Court [Tribunal Superior del condado de Pierce]) Washington obtuvo la admisión de culpabilidad de una persona y una empresa acusadas de estafar a los servicios públicos, verter de manera ilícita sustancias peligrosas y de imprudencia temeraria. Las acusaciones se originaron a partir de las operaciones de un lavadero de camiones, Cleaner Pressure Washing, LLC por parte de su propietario, Ryan Lewis. La empresa de Lewis descargaba aguas residuales muy ácidas y con alto contenido de zinc desde la propiedad mediante una conexión ilegal a la línea de alcantarillado. Además, un trabajador cayó en un sumidero abierto lleno de ácido fluorhídrico. Lewis y su empresa se declararon culpables de infringir la Ley para el Control de la Contaminación del Agua y la Ley para el Manejo de Residuos Peligrosos, recibieron una condena de encarcelamiento suspendido y tuvieron que pagar multas e indemnizaciones.
State v. Rooney (Snohomish County Superior Court [Tribunal Superior del condado de Snohomish]) En el primer caso llevado a cabo en virtud de la Washington Animal Trafficking Act (Ley de Washington contra el Tráfico de Animales), que se aprobó por iniciativa en 2015, Washington logró una condena por admisión de culpabilidad de un delito mayor debido a que el acusado vendió artículos fabricados con marfil de elefantes en peligro de extinción. El acusado fue sentenciado a 15 días de prisión, 30 días de arresto domiciliario, una multa de $10 000 y una sanción de $4000 que debió pagar al Department of Fish & Wildlife (Departamento de Pesca y Vida Silvestre) para ayudar a financiar la implementación de la ley en el futuro. Además de vender a detectives de Fish & Wildlife artículos cuyo contenido de marfil se confirmó mediante pruebas genéticas, el acusado también falsificó más 1500 artículos similares, que se hallaron en su vivienda.
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State v. Pillon (King County Superior Court [Tribunal Superior del condado de King]) Washington logró un veredicto de culpabilidad para un delito mayor de infracción de la Hazardous Waste Management Act (Ley para el Manejo de Residuos Peligrosos), un delito mayor de destrucción de vehículos sin licencia y un delito menor grave de vertido ilegal de desechos sólidos. El acusado eliminó de manera ilícita desechos domésticos, de construcción e industriales en gran parte de una propiedad de 10 acres (4 hectáreas); en algunos lugares, la acumulación de residuos alcanzaba una altura de cinco pisos. Entre los residuos, se encontraron decenas de vehículos destruidos, incluidos camiones de bomberos, autobuses y barcos; cientos de neumáticos y contenedores de sustancias químicas sin etiquetar de 55 galones (208 litros) cada uno. El acusado fue condenado a 30 días de prisión, a pagar una multa de $15 000 y a reintegrar una factura de limpieza de residuos sólidos por un valor de $3,8 millones.
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