Other LanguagesLa demanda se interpuso en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de Washington
SEATTLE — El Procurador General Bob Ferguson anunció hoy una demanda que desafía la política del gobierno de Trump acerca de la separación forzada de familias en la frontera sur de los Estados Unidos. Un total de 16 estados y el Distrito de Columbia se unieron a la demanda de Ferguson que se inició hoy ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de Washington.
Los estados quienes se unen a la demanda incluyen: Massachusetts, California, Delaware, Iowa, Illinois, Maryland, Minnesota, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Carolina del Norte, Oregón, Pensilvania, Rhode Island, Vermont, Virginia y el Distrito de Columbia.
Esta demanda es la número 27 de Ferguson contra el gobierno de Trump. Ferguson cuenta con nueve victorias legales hasta ahora y no ha perdido ningún caso contra la administración Trump.
“Esta demanda, como todas nuestras demandas contra la administración Trump, dice algo importante de quiénes somos como un pueblo,” dijo el Procurador General Ferguson. “Defenderemos la Constitución, la decencia básica, y los valores fundamentales estadounidenses. Mi oficina todavía no ha perdido ningún caso contra la administración Trump, y no tenemos la intención de perder este caso.”
Ferguson y el Gobernador Jay Inslee anunciaron esta demanda en una conferencia de prensa que se llevó a cabo la semana pasada, fuera de la prisión federal en SeaTac, Washington, donde el gobierno federal ha detenido a docenas de mujeres después de separarlas de sus hijos.
La demanda estatal alega que la administración Trump ha violado los derechos del debido proceso constitucional de los padres y niños al separarlos sin ninguna evidencia de que los padres representan una amenaza a los niños. La política también discrimina de forma irracional y viola la garantía constitucional de protección igualitaria, debido a que solo está dirigida a personas que cruzan la frontera del sur, no a aquellas que cruzan la frontera del norte o que ingresan a los Estados Unidos por cualquier otro lugar. Los estados también argumentan que esta política viola una vez más la Ley de Procedimientos Administrativos porque es arbitraria y caprichosa, y que el Gobierno ha estado violando las leyes de asilo de los Estados Unidos al no permitir el ingreso a las personas en sus puertos de entrada.
Además, los estados le piden al Presidente que cumpla con la ley y la Constitución. En primer lugar, la demanda busca corregir los defectos atroces de la orden ejecutiva, comenzar con la creación de un proceso de reunificación de miles de personas separadas por una política cruel e inconstitucional y detener de forma inmediata la práctica de negarse a aceptar peticiones de asilo en la frontera.
“No tenemos forma de predecir de un día para otro cuáles son las políticas o intenciones de este presidente,” dijo el Gobernador Jay Inslee. “Pero una cosa de la que estamos seguros es que el estado de Washington estará siempre entre los primeros en salir en defensa de las personas y los valores que hacen de nuestro estado y nuestra nación un ejemplo permanente de esperanza y oportunidades. Estas políticas crueles y esta orden ejecutiva son anti-estadounidenses y generan caos, miedo e incertidumbre. Washington mantiene su disposición de asegurar que este presidente se responsabilice por sus actos.”
“En repetidas ocasiones, hemos visto que los tribunales revocan las políticas migratorias del gobierno de Trump que violan nuestros valores y la Constitución,” dijo la Congresista Pramila Jayapal. “Apoyo con firmeza los esfuerzos del Procurador General Ferguson por hacer que este gobierno se haga legalmente responsable de las políticas que abusan de padres e hijos inmigrantes. Este es un momento importante, desgarrador y crucial para nuestro país. Nuestro propio estado actualmente está viendo el efecto devastador de la separación familiar y políticas de encarcelamiento. No se equivoquen: la orden ejecutiva más reciente de Trump busca detener a los niños y a sus padres de forma indefinida y continuar los procesos judiciales contra quienes buscan el asilo. No representa una solución a la crisis. Quiero agradecer al Procurador General por su liderazgo en nuestra lucha por la justicia.”
“Estoy orgullosa de nuestro estado y de los líderes en derechos civiles por hacer de nuestro país un lugar más justo,” dijo Jenny Durkan, Alcaldesa de Seattle. “Como madre y como estadounidense, es desgarrador ver que nuestro país literalmente arranca a los niños de sus madres. Como antigua funcionaria federal, sé que esta política no solo es injusta, sino que nos hace estar menos seguros. Esta crueldad no tiene ningún objetivo. El mundo observa mientras el gobierno de Trump sigue tergiversando la ley, menospreciando nuestros valores y dejando devastadas a familias y niños. Debemos unirnos contra estas acciones.”
Ferguson e Inslee anunciaron esta demanda junto con el Director Ejecutivo del Proyecto para los Derechos del Inmigrante (Northwest Immigrant Rights Project, NWIRP), Jorge Barón. Barón también anunció una demanda similar que el NWIRP inició esta semana en nombre de las personas afectadas por la política.
Problemas de la orden ejecutiva
Washington y los estados estaban preparados para interponer la demanda el jueves pasado. A pesar de las afirmaciones previas del Presidente Donald Trump acerca de que una orden ejecutiva no podría revocar su política de separación familiar, el miércoles emitió una orden que pretendía hacerlo.
Luego de una revisión atenta de la orden, la oficina del Procurador General (Attorney General’s Office, AGO) encontró dos problemas principales.
Primero, la orden no hace nada por reunificar a las familias que la administración Trump ya separó.
Segundo, la orden está plagada de advertencias que carecen de sentido. Por ejemplo, la orden requiere financiación por el Congreso, aunque se desconoce el monto total, así como no se sabe para cuándo sea el plazo ni si dicha financiación se entregará. También depende de que un juez federal apruebe un plan para detener a los niños de forma indefinida, un escenario que Ferguson describió como improbable en la conferencia de prensa.
Madres e hijos detenidos en Washington
De los casi 200 inmigrantes detenidos en Washington a partir del 19 de junio de 2018, 174 son mujeres y más de un tercio de esas mujeres son madres separadas a la fuerza de sus hijos. Las edades de esos niños oscilan entre un año y la adolescencia. La mayoría de estas madres han estado detenidas por más de dos semanas y muchas lo han estado por más de un mes.
Muchas no han hablado con sus hijos por semanas y el gobierno federal no les ha proveído ninguna información sobre el paradero o bienestar de sus hijos.
Cuando los investigadores de la oficina del Procurador General entrevistaron a estas mujeres, ellas describieron las condiciones terribles e inhumanas en las instalaciones de la patrulla fronteriza donde estaban detenidas antes. Los padres e hijos estaban detenidos en habitaciones a las que llamaban “las hieleras” porque eran muy frías. Las madres les informaron a los investigadores de la AGO que les daban nada o poca comida y describieron tomar agua del inodoro o lavabo de las manos del baño.
Una madre en la prisión de SeaTac trajo a su hijo de 8 años de edad de El Salvador en busca de asilo por las amenazas de muerte propinadas por una pandilla violenta. En lugar de encontrar seguridad, le quitaron a su hijo entrando al país. Le dijeron que el hecho de que le hayan quitado a su hijo era “el precio que debía pagar” por venir a este país, y que “les dijera a todos en su país que no vinieran hasta acá o de lo contrario les quitaremos a sus hijos tal como hicimos con el suyo.”
La última vez que vio a su hijo fue hace 31 días y no sabe dónde está, quién lo está cuidando, ni si se encuentra seguro.
Antecedentes de la política
El 6 de abril de 2018, el Procurador General Jeff Sessions anunció una política nueva de “cero tolerancia” en la frontera sur de los Estados Unidos. En lugar de realizar una evaluación específica de cada caso individual y respetar los derechos del debido proceso y la integridad familiar, el gobierno de Trump comenzó a procesar todos los posibles crímenes migratorios, y a detener a todos los adultos acusados, incluso a aquellos con una solicitud legítima de asilo. El efecto intencional y reconocido de esta política ha sido la separación de padres e hijos en la frontera.
El gobierno de Trump ha dejado en claro que el objetivo de la política de separación forzada no es proteger a los niños, sino impedir que vengan posibles inmigrantes a los Estados Unidos. Tal como lo expresó hace poco la Asesora Principal de la Casa Blanca Kellyanne Conway: “A nadie le gusta ver que a las madres les arranquen a sus bebés de sus brazos… pero debemos asegurarnos de que se entiendan las leyes (del Departamento de Seguridad Nacional) a través de la cultura de frases significativas en la que vivimos.”
El Solicitador General, Noah Purcell, y la Subprocuradora General, Laura Clinton, dirigen el caso en Washington.
Desde el 7 de junio, Inslee y Ferguson han estado buscando información sobre la política de “cero tolerancia” del gobierno de Trump, incluido dónde se mantienen a los niños de las madres detenidas en SeaTac y si se les ha hablado a los detenidos sobre sus derechos legales. En una segunda carta del 18 de junio, Inslee y Ferguson también le pidieron al gobierno de Trump que “dejara de mentir” acerca de los orígenes de la política de separación familiar.
A inicios de la semana pasada, la oficina de Ferguson pidió que personas afectadas por la política de separación familiar del gobierno de Trump contactaran a la División de Derechos Civiles Wing Luke de su oficina al 1‑844‑323‑3864. Todavía se insta a las personas afectadas a comunicarse por ese número. La oficina del Procurador General no preguntará acerca de su estado migratorio.
La oficina del Procurador General venció en todos los seis casos contra la administración Trump que se han realizado y no hay más apelaciones. Eso no incluye los tres resultados exitosos adicionales que se han apelado o que pudieran apelarse, incluido el bloqueo de la prohibición del Presidente Trump sobre las personas transgénero que sirven en el ejército y su intento por eliminar el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (Deferred Action for Childhood Arrivals, DACA).
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La Oficina del Procurador General es la oficina legal principal del estado de Washington con abogados y personal en 27 divisiones a través del estado que proveen servicios legales a aproximadamente 200 agencias, juntas y comisiones estatales. Visite al www.atg.wa.gov para más información.
Contactos:
Brionna Aho, Directora de Comunicaciones, (360) 753-2727; brionna.aho@atg.wa.gov