Other LanguagesMayordomo del rancho de arándanos acosó sexualmente a varias empleadas y tomó represalias contra ellas por denunciar el hecho
OLYMPIA — El Procurador General Bob Ferguson hoy anunció que Great Columbia Berry Farms, LLC, un cultivador de arándanos del condado de Walla Walla, pagará $350,000 como resultado de una acción de derechos civiles por su oficina. La demanda afirma que uno de los mayordomos de la compañía, José Luis Contreras Ramírez, violó al menos a una empleada, acosó sexualmente a varias empleadas durante años y tomó represalias contra dichas empleadas por denunciar su conducta. Al menos cuatro mujeres fueron afectadas por la conducta de Contreras.
La recuperación monetaria total de $350,000 irá directamente a las mujeres dañadas por Contreras y Great Columbia Berry Farms. El monto exacto que cada mujer recibirá dependerá de la naturaleza y severidad del daño que sufrieron.
Conforme al decreto de consentimiento legalmente vinculante presentado en el Tribunal Superior del condado de Walla Walla, la compañía debe adoptar políticas y capacitaciones contra la discriminación y las represalias aprobadas de antemano por la Oficina del Procurador General. Una vez que el tribunal lo apruebe, el decreto de consentimiento se convertirá en una orden judicial ejecutable.
El Proyecto de Justicia del Noroeste refirió el caso a la Oficina del Procurador General tras conocer que Contreras acosó sexualmente a varias mujeres―y que asalto sexualmente al menos a una mujer ― incluyendo a una clienta del Proyecto de Justicia del Noroeste.
“Compañías que saben o deberían saber que mayordomos poderosos están acosando y asaltando a sus empleadas, pero no hacen nada para pararlo, asumen responsabilidad,” dijo Ferguson. “Trabajadoras agrícolas merecen ser escuchadas—y merecen un ambiente de trabajo seguro y libre de abuso.”
Antecedentes del caso
Great Columbia Berry Farms es propietaria y opera un rancho de arándanos de 136 acres en Burbank, Washington, cerca de Tri-Cities en el condado de Walla Walla. El rancho contrató a José Luis Contreras Ramírez como supervisor y gerente. Conforme a la denuncia del estado, presentada hoy junto con el decreto de consentimiento, Contreras supervisaba las operaciones del rancho y tenía la autoridad de contratar empleados, hacer asignaciones laborales, despedir empleados y determinar a quién se le ofrecería trabajo para la temporada siguiente.
Desde por lo menos el 2012 hasta el 2019, Contreras sometió a varias empleadas a conductas sexuales graves, persistentes e indeseadas, incluyendo contacto físico no deseado, comentarios sexualmente cargados sobre la apariencia de las empleadas y repetidas solicitudes de sexo. En al menos dos ocasiones, violó a la fuerza a una empleada, por lo cual luego fue formalmente acusado con dos cargos de violación en segundo grado. El 2 de noviembre de 2020, se declaró culpable de tres cargos de felonía por asalto.
Contreras también tomó represalias contra y amenazó a las empleadas que rechazaron sus avances, incluso despidió al menos tres mujeres después de que le pidieron que dejara de acosarlas. La denuncia afirma que la compañía sabía o debería haber sabido de la conducta de Contreras, pero no tomó ninguna acción para enfrentar o parar su comportamiento.
Una de las exempleadas de Contreras, quien trabajó en el rancho durante diez temporadas, reportó que Contreras la violó dos veces mientras ella se encontraba trabajando. Después de los asaltos, la mandó a trabajar en áreas aisladas del rancho, le exigió que reparara su propio equipo de trabajo y que trabajara horas adicionales. Tenía miedo de perder su trabajo si denunciaba a Contreras, ya que a pesar de que después pudo recuperar su trabajo, él la había despedido en el pasado por rechazar sus avances.
Otra exempleada, quien trabajó en Great Columbia Berry Farms interrumpidamente durante casi una década, reportó que Contreras la sometió a constantes acosos y que la amenazó con asalto y daño a su familia si ella le contaba a alguien lo ocurrido. La despidió después de que ella le gritó que dejara de acosarla.
La denuncia de Ferguson alega que Great Columbia Berry Farms violó la Ley de Washington Contra la Discriminación y el Título VII de la Ley Federal de Derechos Civiles de 1964, mediante las acciones de Contreras, su gerente, quien sometió a varias empleadas a acoso sexual y represalias.
En octubre de 2019, Contreras fue arrestado por cargos de asalto sexual en un procedimiento criminal en el condado de Walla Walla en conexión con la violación de una de las mujeres que supervisaba. No ha trabajado en Great Columbia Berry Farms desde su arresto.
Detalles de la resolución
El decreto de consentimiento de hoy prohíbe que Great Columbia Berry Farms vuelva a contratar a Contreras en forma alguna o a permitirle ingresar al rancho o tener contacto con alguno de sus empleados. Además, la compañía debe realizar lo siguiente:
- Implementar procedimientos de denuncias actualizados para que los empleados puedan reportar acoso, discriminación y represalias, lo que incluye la posibilidad de que estas denuncias se presenten de manera anónima y en la lengua materna del empleado;
- Establecer procedimientos de investigación para asegurar investigaciones adecuadas de denuncias de discriminación, acoso y represalias;
- Proporcionar informes semestrales a la Oficina del Procurador General y notificarle sobre cualquier queja de discriminación, acoso sexual o represalias por sus empleados;
- Adoptar una política completa contra la discriminación y las represalias aprobada antemano por la Oficina del Procurador General;
- Proporcionar entrenamientos anuales para la gerencia, realizados por terceros calificados e independientes, de sus obligaciones bajo la Ley de Washington Contra la Discriminación y el Título VII y también proveer entrenamiento a su fuerza laboral;
- Hacer las nuevas políticas y procedimientos disponibles a su fuerza laboral tanto en inglés como en español.
La compañía también debe pagar $350,000 a la Oficina del Procurador General, que se utilizará para compensar a varias mujeres que se vieron afectadas por la conducta de Contreras.
La Subprocuradora General Yesica Hernandez de la División de Derechos Civiles Wing Luke está manejando el caso para la Oficina del Procurador General.
La División de Derechos Civiles Wing Luke se creó en el 2015 para proteger los derechos de todos los habitantes de Washington al hacer cumplir las leyes estatales y federales contra la discriminación. Se llama así en homenaje a Wing Luke, quien fue Subprocurador General del estado de Washington a finales de la década de 1950 y a principios de la década de 1960. Él fue la primera persona de color elegida para el Consejo de la Ciudad de Seattle y el primer asiático estadounidense elegido para ocupar un cargo público en el Noroeste del Pacífico.
La Ley de Washington Contra la Discriminación prohíbe la discriminación laboral por motivos de raza, color, origen nacional, religión, sexo, edad, estado civil, orientación sexual, discapacidad o condición de veterano o militar con licencia honorable.
Hay más información disponible sobre las leyes de derechos civiles de Washington para el empleo en http://www.hum.wa.gov/employment. Las personas que crean haber sido víctimas de discriminación laboral pueden presentar una queja ante la Comisión de Derechos Humanos en http://www.hum.wa.gov/discrimination-complaint o comunicarse con la Oficina del Procurador General a civilrights@atg.wa.gov.
To read this in English, click here.
– 30 –
La Oficina del Procurador General es la oficina judicial principal del estado de Washington con abogados y personal en 27 divisiones en todo el estado que prestan servicios legales a aproximadamente 200 agencias estatales, organismos y comisiones. Visite www.atg.wa.gov para obtener más información.
Contactos:
Brionna Aho, Directora de Comunicaciones, (360) 753-2727; brionna.aho@atg.wa.gov