Other LanguagesLa moción del procurador general incluye declaraciones de familias afectadas por la política de separación familiar
SEATTLE — El Procurador General Bob Ferguson solicitó hoy a un juez federal que ordenara al gobierno federal proporcionar detalles y facilitar el acceso a las víctimas de la política de separación familiar del gobierno de Trump en una agenda expedita. La semana pasada, el Procurador General Ferguson lideró una asociación de 18 procuradores generales para interponer una demanda en Seattle que busca eliminar la política de separación familiar de manera permanente.
La moción para la exhibición expedita de pruebas es necesaria porque cientos de padres separados se encuentran bajo custodia federal y el Gobierno puede trasladarlos a otros centros en cualquier momento y sin previo aviso. La moción solicita al tribunal que ordene al gobierno federal cooperar en cuanto a facilitar el acceso a los padres detenidos y notificar al tribunal sobre el progreso de tales esfuerzos.
En apoyo a la moción, los estados incluyeron declaraciones de padres y entrevistas a niños separados por funcionarios de inmigración debido a la política. Los estados también interpusieron otras declaraciones de trabajadores de derechos migratorios, funcionarios electos y expertos médicos. La moción incluye 99 declaraciones en total, y se puede encontrarlas aquí, aquí y aquí.
Una madre que huyó de Honduras luego de recibir amenazas de muerte y que actualmente está retenida en Washington describió la experiencia de que la separaran de su hijo de 6 años de edad poco después de haber cruzado la frontera: “a partir de ahí, me separaron de mi hijo Jelsin. No me dijeron a dónde lo llevarían. Solo me dijeron que estaría bajo la protección del Estado. Para calmar a mi hijo, le dije que eso solo sería por tres días, aunque en realidad no lo sabía. Nunca nos habíamos separado.”
Ella no pudo hablar con su hijo durante casi un mes. Cuando lo contactó, la madre dijo: “solo pudo decir unas cuantas palabras. Solo lloraba… No puedo expresar el dolor que he sentido por estar separada de él.”
“La política de separación familiar de la administración Trump no ha terminado; sigue causando daño a miles de padres e hijos,” dijo Ferguson. “Las historias desgarradoras que he escuchado de las familias solo demuestran la medida en que esa política viola la dignidad básica y los valores estadounidenses fundamentales. La política también viola la Constitución, pero yo seguiré luchando para ponerle fin.”
“El gobierno federal tiene una obligación a reunir hijos con sus padres inmediatamente, y una obligación a parar todas y cada una de las políticas que ignora los derechos del debido proceso de las familias quienes piden el asilo o refugio a cualquiera de nuestras fronteras,” dijo el Gobernador Jay Inslee. “Washington no va a suspender ni desistir hasta que la justicia es restablecida a cada hijo y padre afectado en el estado de Washington.”
La moción para la exhibición expedita de pruebas que se interpuso ante el Tribunal del Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de Washington solicita que la Jueza Marsha Pechman ordene varias medidas para garantizar que la Oficina del Procurador General pueda recopilar información de manera oportuna.
Si la jueza otorga la moción, se exigirá que el gobierno federal responda a las solicitudes de información de los estados en un período expedito y que coopere con las solicitudes estatales para entrevistar a los padres que se encuentran bajo detención federal. Algunos estados han enfrentado dificultades procesales o se les ha negado el acceso a los centros de detención federal y otros lugares federales que albergan a inmigrantes afectados.
Ferguson también solicita conferencias semanales ante el tribunal durante el período de exhibición expedita de pruebas.
Historias de las víctimas de Washington
Además de la interposición de la demanda, el Procurador General incluyó 99 declaraciones. Algunas declaraciones de expertos en psicología del desarrollo y salud pública discuten los peligros de separar a las familias y albergar familias inmigrantes en viviendas tipo cuartel. Otras declaraciones incluyen las que dieron directamente los padres separados de sus hijos y entrevistas con los niños separados.
Las entrevistas y testimonios de padres y niños ponen de manifiesto la tristeza, el sufrimiento y la frustración que la política de separación familiar ha causado.
Una niña de 13 años de edad no fue capaz de despedirse de su padre cuando los funcionarios de inmigración los separaron. El investigador escribió que la niña “informó que los guardias amenazaron a las personas que estos detuvieron con separarlos y enviarlos de vuelta a casa. Ella pudo oírlos decirles a otras personas que los encerrarían en prisión durante 10 o 15 años, lo que la aterrorizó. Los niños más pequeños estaban llorando.”
Al intentar contar de nuevo sus experiencias, a la niña “le costó hablar durante la mayor parte de la entrevista. Era evidente que se sentía afectada y, con frecuencia, rompía en llanto.”
Una joven de 15 años de edad que se identificó como G y que huía de las amenazas de un miembro de una asociación criminal en su país de origen le dijo al investigador que “[Los funcionarios de inmigración] le dijeron a su madre que trasladarían a G a otro lugar donde podría visitarla. G y su madre se despidieron llorando, pero la madre de G la reconfortó y le dijo que la iría a visitarla a donde fuera que la llevaran. Fue más tarde que G se dio cuenta de que eso no era verdad. Mientras volvía a contar sobre este momento, G sollozaba y se veía visiblemente angustiada.”
G también describió que vio a una niña de 4 años de edad que lloraba desconsolada y que observó cómo un funcionario de inmigración la reprendía y abandonaba.
Otra niña en Washington ve a un terapeuta porque tiene pesadillas. Los funcionarios de inmigración también la separaron de su padre poco después de llegar a los Estados Unidos.
Los funcionarios de inmigración le quitaron sus hijos a una madre mientras esta estaba en el tribunal. Al regresar y darse cuenta de lo sucedido, la madre dijo: “me sentí mal físicamente cuando me enteré de que me habían quitado a mis niños.”
La mayoría de los padres relataron las dificultades que han tenido para contactar a sus hijos y que los funcionarios de inmigración no les han informado sobre cómo encontrarlos. Más de un padre expresó que después de preguntar durante semanas, la embajada de su país de origen pudo proporcionar la ubicación de sus hijos.
Una madre que huía de las amenazas de muerte que les realizaron a ella y a su familia describió el alivio de haber podido contactar finalmente a su hija. Sin embargo, esta no pudo hablar “debido a lo fuerte que sollozaba.”
Aunque muchas familias buscaban asilo, varias informaron que los oficiales de inmigración nunca les preguntaron los motivos por los que pedían refugio en Estados Unidos.
La moción también incluye costos que la política ha impuesto a los estados involucrados en la demanda.
Ferguson y los estados solicitan que la Jueza Pechman considere su moción antes del 13 de julio.
Ferguson lidera una asociación de 17 estados en la demanda: Massachusetts, California, Delaware, Iowa, Illinois, Maryland, Minnesota, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Carolina del Norte, Oregón, Pensilvania, Rhode Island, Vermont, Virginia y el Distrito de Columbia.
Antecedentes de la política
El 6 de abril de 2018, el Procurador General Jeff Sessions anunció una política nueva de “cero tolerancia” en la frontera sur de los Estados Unidos. En lugar de realizar una evaluación específica de cada caso individual y respetar los derechos del debido proceso y la integridad familiar, el gobierno de Trump comenzó a procesar todos los posibles crímenes migratorios, y a detener a todos los adultos acusados, incluso a aquellos con una solicitud legítima de asilo. El efecto intencional y reconocido de esta política ha sido la separación de padres e hijos en la frontera.
El gobierno de Trump ha dejado en claro que el objetivo de la política de separación forzada no es proteger a los niños, sino impedir que vengan posibles inmigrantes a los Estados Unidos. Tal como lo expresó hace poco la Asesora Principal de la Casa Blanca Kellyanne Conway: “A nadie le gusta ver que a las madres les arranquen a sus bebés de sus brazos… pero debemos asegurarnos de que se entiendan las leyes (del Departamento de Seguridad Nacional) a través de la cultura de frases significativas en la que vivimos.”
El 20 de junio, el presidente Trump emitió una orden con la que pretende eliminar su política de separación familiar. Luego de una revisión atenta de la orden, la Oficina del Procurador General encontró dos problemas principales. Primero, la orden no hace nada por reunificar a las familias que la política de la administración Trump ya separó. Segundo, la orden está plagada de muchas advertencias que carecen de sentido. Por ejemplo, la orden requiere créditos, aunque se desconoce el monto total, así como no se sabe para cuándo sea el plazo ni si dicho crédito se entregará. También, depende de que un juez federal apruebe un plan para detener a los niños de forma indefinida, un escenario que Ferguson describió como improbable.
Por otra parte, con respecto a la demanda judicial colectiva que interpuso la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, un juez federal en California emitió una orden preliminar el 26 de junio. Entre otros desagravios, el juez ordenó al gobierno de Trump eliminar la práctica de separar familias, a menos que exista un peligro para el niño, y que reunifique de inmediato a las familias que fueron separadas como resultado de esta política.
El Solicitador General, Noah Purcell, y la Subprocuradora General, Laura Clinton, dirigen el caso en Washington.
La oficina del Procurador General venció en todos los seis casos contra la administración Trump que se han realizado y no hay más apelaciones. Eso no incluye los tres resultados exitosos adicionales que se han apelado o que pudieran apelarse, incluido el bloqueo de la prohibición del Presidente Trump sobre las personas transgénero que sirven en el ejército y su intento por eliminar el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (Deferred Action for Childhood Arrivals, DACA).
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La Oficina del Procurador General es la oficina legal principal del estado de Washington con abogados y personal en 27 divisiones a través del estado que proveen servicios legales a aproximadamente 200 agencias, juntas y comisiones estatales. Visite al www.atg.wa.gov para más información.
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