Other LanguagesLa demanda alega que Greyhound no protegió a los clientes de las redadas migratorias sin orden judicial ni sospecha razonable llevadas a cabo por CBP en los autobuses
SPOKANE — Ayer, una jueza de la Corte Superior de Spokane rechazó el intento de Greyhound Lines, Inc. de despedir la demanda del Procurador General Bob Ferguson contra la compañía nacional de línea de autobuses. La demanda, presentada al pasado abril, busca responsabilizar a Greyhound por permitir que los agentes de Aduanas y Protección Fronteriza de los EE. UU.(U.S. Customs & Border Protection) (CBP) aborden los autobuses para llevar a cabo redadas de los pasajeros de Greyhound sin contar con órdenes judiciales ni sospecha razonable en el Spokane Intermodal Center, y por negarse repetidamente a implementar reformas para proteger a los pasajeros.
La jueza Maryann C. Moreno rechazó el argumento de Greyhound que la compañía no tiene otra opción más que permitir que los agentes federales de inmigración aborden sus autobuses y lleven a cabo las redadas.
La compañía continúa argumentando erróneamente que no tiene otra opción más que permitir que los agentes de inmigración aborden sus autobuses, a pesar de haber afirmado públicamente a principio del año pasado que ya no le daría permiso a CBP para llevar a cabo las redadas sin orden judicial.
Varias decisiones de la Corte Suprema de los Estados Unidos limitan la autoridad que CBP tiene para conducir redadas sin orden judicial ni sospecha razonable sin consentimiento, afirma Ferguson. Además, los propios protocolos del CPB contradicen la postura de Greyhound, indicando que los agentes que llevan a cabo operaciones de control de transportes “no tienen autoridad inherente para abordar simplemente un transporte común sin, al menos, sospecha razonable o consentimiento”. Ante la ausencia del consentimiento, se les dirige a los agentes “terminar el encuentro”.
“La decisión de hoy afirma que Greyhound tiene el poder y la responsabilidad de defender a sus clientes y dejar de permitir el acoso y las redadas en autobuses sin sospecha razonable por parte de los agentes del CBP”, dijo Ferguson. “Greyhound debe cambiar formalmente sus políticas, implementar una capacitación adecuada, advertirles a sus pasajeros y hacerse responsable por el daño que ha causado la compañía”.
Antecedentes del caso
La demanda de Ferguson alega que Greyhound ha permitido que se lleven a cabo las redadas en sus autobuses desde por lo menos 2013. Greyhound reconoció públicamente las redadas en 2018. Greyhound ha reconocido públicamente desde mediados de 2018, por lo menos, que las redadas migratorias que lleva a cabo CBP en sus autobuses dañan a los pasajeros de Greyhound.
Las redadas migratorias a bordo de los autobuses de Greyhound atrasan el viaje de todos los pasajeros. Durante las redadas, los latinos y otros pasajeros de color son interrogados libremente y frecuentemente se les pide que bajen del autobús. En ocasiones, los agentes del CBP detienen o arrestan pasajeros o les revisan su equipaje mientras los demás observan.
El comportamiento de Greyhound ha causado y continúa causando que sus pasajeros sufran atrasos, pierdan sus conexiones, se alarmen, sientan temor, sean interrogados, registrados y detenidos por agentes federales de inmigración y/o sufran discriminación a base de raza, color y/o origen nacional.
La oficina de Ferguson comenzó a urgir a Greyhound a que cambiara su práctica de voluntariamente permitir las redadas en febrero de 2019. Greyhound se rehusó a cambiar sus prácticas. Ferguson le envió una carta a Greyhound el 28 de mayo de 2019, exigiendo que Greyhound hiciera reformas específicas para proteger sus clientes, incluyendo:
- Notificación adecuada en los puntos de venta a los clientes sobre los riesgos de redadas sin orden judicial ni sospecha razonable;
- Una política corporativa clara indicando que denegaría permiso a los agentes del CBP de abordar sus autobuses sin órdenes judiciales o sospecha razonable; y
- Capacitación a sus conductores para que comuniquen la política corporativa a los agentes del CBP.
Greyhound se negó. La compañía siguió fallando en proveer avisos adecuados a sus clientes sobre el riesgo de las redadas migratorias en sus autobuses. Además, se negó a implementar una política corporativa para denegar permiso a los agentes del CBP para abordar sus autobuses sin contar con órdenes judiciales o, al menos, sospecha razonable. Finalmente, la compañía se rehuso a proveer entrenamiento actualizado a sus conductores y agentes sobre el mismo tema.
En respuesta a la creciente presión pública resultante de la cobertura de las redadas en los medios, la compañía se comunicó privadamente con CBP en abril de 2018. La demanda alega que, según un empleado federal que recontó una conversación con Greyhound, la compañía expresó que seguía comprometida a apoyar las acciones de ejecución del CBP, pero se sentía “abandonada” por el CBP ante la presión pública.
Durante años, Greyhound mantuvo que la compañía “estaba obligada a cumplir con la ley permitiendo que los agentes de la Patrulla Fronteriza aborden los autobuses cuando pedían hacerlo,” a pesar de que los materiales del CBP mismo contradecían esa declaración, ya que esos materiales dicen que los agentes solo pueden abordar los autobuses para llevar acabo redadas migratorias sin orden judicial ni sospecha razonable con el permiso de la compañía de autobuses.
En febrero del año pasado, apareció un memorándum de la entonces jefa de la Patrulla Fronteriza Carla Provost confirmando la alegación de Ferguson que los agentes del CBP solo pueden llevar a cabo redadas migratorias sin orden judicial ni sospecha razonable a bordo de los autobuses con el consentimiento del propietario o los empleados de la compañía. El memorándum desacreditó la posición pública de Greyhound y confirmó el análisis legal de Ferguson, que compartió con la compañía en 2019. Una semana después de que los medios cubrieran el tema del memorándum, Greyhound aviso a los medios que ya no permitiría que se llevaran a cabo las redadas.
Sin embargo, a pesar de sus declaraciones públicas, Greyhound continúa fallando con su deber de proveer notificación adecuada a sus clientes sobre el riesgo de ser sometidos a redadas sin orden judicial ni sospecha razonable. Greyhound continúa argumentando erróneamente que la compañía no tiene otra opción más que permitir que los agentes federales de inmigración aborden sus autobuses y lleven a cabo redadas, a pesar de que la compañía ha sido consciente de que los propios materiales del CPB contradicen su posición.
El comportamiento de Greyhound viola la Ley de Protección al Consumidor y la Ley contra la Discriminación de Washington
La demanda de Ferguson alega que el comportamiento de Greyhound viola la prohibición de la Ley de Protección al Consumidor estatal de utilizar prácticas comerciales “injustas o engañosas”.
La demanda de Ferguson también alega que el comportamiento de Greyhound viola la Ley Contra la Discriminación de Washington. Greyhound sabe que su política daña desproporcionadamente a sus pasajeros latinos y pasajeros de color.
La demanda de Ferguson exige que Greyhound cambie sus prácticas proporcionando una notificación adecuada a sus clientes sobre el riesgo de sufrir redadas migratorias sin orden judicial ni sospecha razonable. La notificación apropiada asegurará que los residentes de Washington puedan tomar una decisión informada cuando compren un boleto de Greyhound. La notificación también evitará que Greyhound gane una ventaja injusta sobre sus competidoras, otras compañías de autobuses de pasajeros que funcionan en Spokane y han tomado medidas para mejor proteger a sus pasajeros.
Ferguson pide una orden del tribunal que prohíba que Greyhound permita que se lleven a cabo redadas migratorias sin orden judicial ni sospecha razonable a bordo de sus autobuses, y penalidades para hacer responsable a la empresa por su comportamiento pasado.
Toda persona que haya sido afectada por una redada migratoria en un autobús de Greyhound en el Spokane Intermodal Center o en cualquier otro lugar en Washington, debe comunicarse con la División de Derechos Civiles Wing Luke de la Oficina del Procurador General de Washington, llamando al 1-833-660-4877, y elegir la opción 8 del menú principal o enviar un correo electrónico a Greyhound@atg.wa.gov.
Los Subprocuradores Lane Polozola y Yesica Hernandez de la División de Derechos Civiles Wing Luke de la Oficina del Procurador General de Washington están manejando el caso para Washington.
La División de Derechos Civiles Wing Luke se creó en el 2015 para proteger los derechos de todos los habitantes de Washington al hacer cumplir las leyes estatales y federales contra la discriminación. Se llama así en homenaje a Wing Luke, quien fue Subprocurador General del estado de Washington a finales de la década de 1950 y a principios de la década de 1960. Él fue la primera persona de color elegida para el Consejo de la Ciudad de Seattle y el primer asiático estadounidense elegido para ocupar un cargo público en el Noroeste del Pacífico.
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La Oficina del Procurador General es la oficina judicial principal del estado de Washington con abogados y personal en 27 divisiones en todo el estado que prestan servicios legales a aproximadamente 200 agencias estatales, organismos y comisiones. Visite www.atg.wa.gov para obtener más información.
Contactos:
Brionna Aho, Directora de Comunicaciones, (360) 753-2727; brionna.aho@atg.wa.gov