Other LanguagesEn la víspera del juicio, Greyhound acepta las exigencias del Procurador General
Si usted o algún miembro de su familia fueron detenidos, arrestados o deportados después de que agentes de inmigración abordaran su autobús de Greyhound en el Spokane Intermodal Center, comuníquese al 1-833-660-4877 y elija la opción 8 del menú principal o envíe un correo electrónico a Greyhound@atg.wa.gov para presentar un reclamo. La Oficina del Procurador General no es parte del gobierno federal y presentar un reclamo no requiere que divulgue su estatus migratorio.
SPOKANE — El Procurador General Bob Ferguson anunció hoy que Greyhound Lines Inc. pagará $2.2 millones para resolver su demanda sobre la práctica de la línea de autobuses de permitir que los agentes de Aduanas y Protección Fronteriza de los EE.UU. (U.S. Customs & Border Protection) (CBP) aborden sus autobuses para llevar a cabo redadas migratorias sin contar con órdenes judiciales ni sospecha razonable cuando no tenían que hacerlo. Greyhound no les advirtió a los clientes sobre las redadas, tergiversó su rol en permitir que se realizaran redadas y sometió a sus pasajeros a la discriminación a base de raza, color de la piel o nacionalidad.
Ferguson utilizará el pago para proporcionar restitución a aquellos pasajeros que fueron detenidos, arrestados o deportados después de que los agentes de inmigración abordaran su autobús en el Spokane Intermodal Center y para el reembolso parcial de los costos de litigación de su oficina. El monto de la restitución que cada individuo recibe dependerá de la cantidad de reclamos y la gravedad de daños sufridos debido al comportamiento de Greyhound.
El decreto de consentimiento, presentado en el tribunal superior del condado de Spokane en la víspera del juicio, requiere que Greyhound implemente varias reformas institucionales para dar alto a su conducta ilegal. Por ejemplo, exige que Greyhound diseñe una política corporativa clara que niegue brindarles permiso a los agentes del CBP para abordar sus autobuses en Washington sin contar con órdenes judiciales ni sospecha razonable. La compañía de autobús nacional también debe capacitar a los conductores y otros empleados sobre cómo comunicar esa política a los agentes del CBP.
“Mi oficina inicialmente insistió que Greyhound realizara estas reformas corporativas en 2019,” dijo Ferguson. “Si Greyhound simplemente hubiera aceptado nuestra exigencia razonable, habría evitado una demanda. Ahora, en la víspera del juicio, la evasión de Greyhound ha terminado y ahora tendrá que pagar $2 millones por el daño que causó a los Washingtonianos. Greyhound tiene una obligación con sus clientes―una obligación que no puede dejar de lado para que los agentes de inmigración puedan realizar expediciones de captura a bordo de sus autobuses”.
Además de pagar $2.2 millones, Greyhound también esta obligada a tomar las siguientes medidas:
- Crear una política corporativa clara que deniegue permiso a los agentes del CBP de abordar sus autobuses sin contar con órdenes judiciales o una sospecha razonable en el estado de Washington.
- Proporcionar capacitación a sus conductores y empleados sobre cómo comunicar la política corporativa a los agentes del CBP.
- Emitir una declaración pública, al mínimo en inglés y español, clarificando que Greyhound no da su consentimiento a que los agentes de inmigración aborden sus autobuses sin una orden judicial o una sospecha razonable. Debe incluir esta declaración en su sitio web y comunicarla a las agencias federales de inmigración y a la Ciudad de Spokane, propietaria del Intermodal Center.
- Colocar etiquetas adhesivas o pegatinas en o cerca de la entrada principal de sus autobuses en la que se declare que la empresa no da su consentimiento a que los agentes de inmigración aborden sus autobuses sin una orden judicial o una sospecha razonable.
- Proporcionar carteles a sus conductores para que estos se los den a los agentes de inmigración en los que se indique que Greyhound no da su consentimiento a que los agentes de inmigración aborden sus autobuses para realizar redadas sin orden judicial ni sospecha razonable.
- Proporcionar y fijar una notificación adecuada para sus clientes sobre los riesgos de redada sin orden judicial ni sospecha razonable en el estado de Washington, donde sea que venda boletos de autobuses.
- Implementar un procedimiento de denuncias para los pasajeros que desean quejarse de la presencia de agentes de inmigración en los autobuses de Greyhound o en sus estaciones de autobús y notificar a la Oficina del Procurador General sobre cualquier denuncia.
- Proporcionar informes semestrales a la Oficina del Procurador General, incluidos los informes sobre si los agentes de inmigración han abordado los autobuses de Greyhound en el estado de Washington.
Antecedentes del caso
Ferguson presentó su demanda contra la compañía nacional de línea de autobuses en abril de 2020 alegando que Greyhound permitió que se llevaran a cabo las redadas en sus autobuses desde 2013, por lo menos. Greyhound reconoció públicamente las redadas en 2018. Greyhound ha reconocido públicamente desde mediados de 2018, por lo menos, que las redadas migratorias que lleva a cabo el CBP en sus autobuses dañan a los pasajeros de Greyhound.
Las redadas migratorias a bordo de los autobuses de Greyhound atrasan el viaje de todos los pasajeros. Durante las redadas, los agentes federales armados someten a los Latinos y otros pasajeros de color a interrogatorios invasivos y, con frecuencia, se les suele pedir que bajen del autobús. En ocasiones, los agentes del CBP detienen o arrestan pasajeros o les revisan su equipaje mientras los demás observan.
Greyhound transportó más de 420,000 pasajeros desde y hacia el Spokane Intermodal Center entre 2013 y 2020.
El comportamiento de Greyhound ha causado que sus pasajeros sufran atrasos, pierdan sus conexiones, se alarmen, sientan temor, sean interrogados, registrados y detenidos por agentes federales de inmigración y/o sufran discriminación a base de raza, color y/o origen nacional.
La oficina de Ferguson comenzó a urgir a Greyhound a que cambiara su práctica de voluntariamente permitir las redadas en febrero de 2019. Greyhound se rehusó a cambiar sus prácticas. Ferguson le envió una carta a Greyhound el 28 de mayo de 2019, exigiendo que Greyhound hiciera reformas específicas para proteger a sus clientes.
Greyhound se negó. La compañía siguió fallando en proveer avisos adecuados a sus clientes sobre el riesgo de las redadas migratorias en sus autobuses. Además, se negó a implementar una política corporativa para denegar permiso a los agentes del CBP para abordar sus autobuses sin contar con órdenes judiciales o, al menos, sospecha razonable. La compañía también se rehusó a proveer entrenamiento actualizado a sus conductores y agentes sobre el mismo tema.
En respuesta a la creciente presión pública resultante de la cobertura de las redadas en los medios, la compañía se comunicó privadamente con CBP en abril de 2018. La demanda alega que, según un empleado federal que recordó la conversación con Greyhound, la compañía expresó que seguía comprometida a apoyar las acciones de ejecución del CBP, pero se sentía “abandonada” por el CBP ante la presión pública.
Durante años, Greyhound mantuvo que la compañía “estaba obligada a cumplir con la ley permitiendo que los agentes de la Patrulla Fronteriza aborden los autobuses cuando pedían hacerlo,” a pesar de que los materiales del CBP mismo contradecían esa declaración, ya que esos materiales dicen que los agentes solo pueden abordar los autobuses para llevar a cabo redadas migratorias sin orden judicial ni sospecha razonable en lugares como el Spokane Intermodal Center con el permiso de la compañía de autobuses.
En febrero del año pasado, apareció un memorándum de la entonces jefa de la Patrulla Fronteriza Carla Provost confirmando la alegación de Ferguson que los agentes del CBP solo pueden llevar a cabo redadas migratorias sin orden judicial ni sospecha razonable a bordo de los autobuses con el consentimiento del propietario o de los empleados de la compañía. El memorándum desacreditó la posición pública de Greyhound y confirmó el análisis legal de Ferguson, que compartió con la compañía en 2019. Una semana después de que los medios cubrieran el tema del memorándum, Greyhound avisó a los medios que ya no permitiría que se llevaran a cabo las redadas.
A pesar de sus declaraciones públicas, Greyhound continuó fallando con su deber de proveer notificación adecuada a sus clientes sobre el riesgo de ser sometidos a redadas sin orden judicial ni sospecha razonable. Greyhound continuó argumentando erróneamente que la compañía no tenía otra opción más que permitir que los agentes federales de inmigración abordaran sus autobuses y llevaran a cabo redadas, a pesar de que la compañía ha sido consciente desde hace tiempo que los propios materiales del CPB contradicen su posición.
En marzo, la jueza Maryann C. Moreno rechazó el intento de Greyhound de despedir la demanda de Ferguson. La Jueza Moreno rechazó el argumento de Greyhound que la compañía no tiene otra opción más que permitir que los agentes federales de inmigración aborden sus autobuses y lleven a cabo las redadas.
Un juicio para decidir el caso estaba programado para empezar el 27 de septiembre.
Los Subprocuradores Generales Lane Polozola, Yesica Hernandez, Brian Sutherland y Emily Nelson, la investigadora Alma Poletti, la paralegal Jennifer Treppa y las asistentes legales Caiti Hall y Anna Alfonso con la División de Derechos Civiles Wing Luke (Wing Luke Civil Rights Division) de la Oficina del Procurador General manejaron el caso para Washington.
Las leyes de protección al consumidor de Washington protegen a todos los que viven y hacen negocios en el estado de Washington. La Oficina del Procurador del Estado de Washington ayuda a todos los Washingtonianos. La oficina no es parte del gobierno federal y no entregará información a las autoridades de inmigración.
La Oficina del Procurador General utilizará el pago de$2.2 millones de Greyhound para proporcionar restitución a los pasajeros que fueron detenidos, arrestados o deportados después de que los agentes de inmigración abordaran su autobús en el Spokane Intermodal Center y para el reembolso parcial de los costos de litigación de su oficina.
Ferguson alienta a los pasajeros y a los miembros de sus familias que fueron detenidos, arrestados o deportados en una redada migratoria en un autobús de Greyhound en el Spokane Intermodal Center a comunicarse con la División de Derechos Civiles Wing Luke llamando al 1-833-660-4877, donde deben elegir la opción 8 del menú principal o enviando un correo electrónico a Greyhound@atg.wa.gov.
Ferguson creó la División de Derechos Civiles Wing Luke en 2015 para proteger los derechos de todos los residentes de Washington y hacer cumplir las leyes estatales y federales contra la discriminación. Ferguson nombró la división para Wing Luke, quien prestó servicios como Subprocurador General para el estado de Washington a finales de 1950 y principios de 1960. Se convirtió en la primera persona de color elegida para el Consejo de la Ciudad de Seattle y el primer asiático americano elegido para un cargo público en el noroeste del Pacífico.
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El Procurador General de Washington sirve al pueblo y al estado de Washington. Como la oficina judicial más grande de Washington, la Oficina del Procurador General brinda representación legal a todas las agencias, juntas y comisiones estatales de Washington. Además, la oficina sirve directamente a la gente al hacer cumplir las leyes de protección de los consumidores, de derechos civiles y de protección al medioambiente. La oficina también persigue el abuso de personas mayores, el fraude de Medicaid, y atiende los casos de depredadores sexuales violentos en 38 de los 39 condados de Washington. Para obtener más información, visite www.atg.wa.gov.
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