Other LanguagesUna trabajadora agrícola denunció que el supervisor la violó repetidamente
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PASCO — El Procurador General Bob Ferguson anunció hoy que Greenridge Farms y Baker Produce, con sede en Pasco, pagarán $470 000 para resolver su demanda de derechos civiles sobre múltiples acusaciones de agresión sexual y acoso sexual de trabajadoras agrícolas por parte de uno de los supervisores de las empresas. Ferguson también alega que las empresas tomaron represalias contra ellas cuando denunciaron los hechos.
Todo el dinero recaudado en la resolución de hoy se destinará a las cuatro mujeres que denunciaron las agresiones, el acoso y las represalias. Una de las trabajadoras también denunció múltiples violaciones a las autoridades.
Greenridge y Baker son dos grandes explotaciones agrícolas que pertenecieron al conocido agricultor de Washington Frank Tiegs, hasta su muerte a principios de este año. Ferguson alega que las empresas violaron la Ley contra la Discriminación y el Title VII of the federal Civil Rights Act (Título VII de la Ley Federal de Derechos Civiles) de Washington al someter a las empleadas a acoso sexual y tomar represalias contra las empleadas que rechazaron las insinuaciones del supervisor o que se quejaron de su conducta.
La conducta se extendió desde al menos 2018 hasta que el supervisor, Antonio "Junior" Garcilazo, fue despedido en marzo de 2024. Greenridge y Baker son responsables de la conducta de Garcilazo debido a su función de supervisión en las empresas.
"Las empresas sabían que este supervisor acosaba y agredía a sus empleadas, pero no lo impidieron", señaló Ferguson. "Abusó de su autoridad sobre estas mujeres a cambio de favores sexuales. Estas trabajadoras merecían ser escuchadas. Todos los trabajadores deberían tener un entorno laboral seguro y libre de abuso".
"Hablé para que ninguna otra mujer saliera herida", dijo una de las cuatro mujeres que denunciaron los abusos del supervisor. "Alzamos la voz y conseguimos evitar el acoso sexual. Quiero decirles a otras trabajadoras: no tengan miedo de levantar la voz. No tengan miedo a las represalias. No pueden quedarse calladas porque no podrán trabajar cómodamente, tendrán miedo y hasta se enfermarán. Hay que levantar la voz antes de enfermarnos aún más. No estamos solas".
Además del pago de $470 000, el decreto de consentimiento, presentado hoy en el Benton/Franklin County Superior Court (Tribunal Superior del Condado de Benton/Franklin), prohíbe a Greenridge Farms y Baker Produce volver a contratar a Garcilazo en cualquier puesto. También exige a las empresas que, en un plazo de 60 días, establezcan nuevas políticas contra la discriminación y el acoso sexual que animen a las empleadas a presentar denuncias. Las políticas deben incluir procedimientos específicos para la presentación de denuncias anónimas por discriminación o acoso en la lengua materna de la trabajadora, entre otros requisitos.
Cuatro mujeres presentan acusaciones
La oficina del Attorney General (Procurador General) tuvo conocimiento de las denuncias sobre Greenridge Farming y Baker Produce a través del Northwest Justice Project (Proyecto de Justicia del Noroeste) en junio de 2023. Cuatro mujeres que trabajaron en las empresas presentaron finalmente acusaciones durante la investigación del Procurador General, que iban desde violación hasta acoso sexual. Las que denunciaron el acoso y los abusos, amenazaron con denunciarlo o rechazaron las insinuaciones de Garcilazo se enfrentaron a represalias en el lugar de trabajo, como la reducción de horas, evaluaciones negativas del rendimiento e incluso el despido.
Una trabajadora denunció múltiples violaciones y agresiones a lo largo de varios años, que incluían llevarla a lugares aislados, como campos o huertos, para violarla. Las agresiones incluían maltrato físico, como golpes y tirones de pelo. Tras años de abusos e intimidación, presentó una denuncia a su empleador. Por lo que ella sabe, a Garcilazo se le permitió seguir ejerciendo su función de supervisor con solo una advertencia verbal. Tras su denuncia, se redujeron considerablemente sus horas de trabajo.
También notificó las violaciones a la Oficina del Sheriff del Condado de Franklin. Tras una investigación, un detective remitió el caso a los procuradores del condado de Franklin para que presentaran posibles cargos por violación en julio de 2023. Aún no se han presentado cargos.
En un intento por conseguir trabajo, una segunda mujer conoció a Garcilazo a través de una amistad que trabajaba para Greenridge. Luego de una presentación, Garcilazo comenzó a acosarla sexualmente por teléfono. Ella rechazó repetidamente sus insinuaciones, pero soportó sus llamadas telefónicas porque aún tenía esperanzas de ser contratada por Greenridge.
Más adelante, Garcilazo agredió a esta segunda mujer y le hizo comentarios sexuales cuando ella visitó Greenridge para ver a una amistad. Luego, Garcilazo se presentó en su casa sin haber sido invitado. Ella cree que él estaba bajo los efectos de alguna droga. Él le exigió mantener relaciones sexuales y, temiendo que se pusiera violento, ella accedió.
Poco después, Garcilazo hizo que la mujer fuera al sitio de trabajo para que aprendiera los detalles de su puesto. Ella acudió porque creía que era una forma de obtener una recomendación para un empleo. Mientras estaba en el lugar de trabajo, denunció que él bloqueó el camino de salida de los campos con su camión y, cuando ella paró su coche y se bajó, él la violó. Después de que la trabajadora fuera contratada por Baker Produce, Garcilazo siguió llamando pidiéndole sexo, haciendo comentarios sexuales y usando insultos sexistas. Posteriormente ella presentó una denuncia por acoso sexual ante la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC por sus siglas en inglés).
Fue despedida menos de dos meses después de presentar la denuncia.
La investigación del Procurador General descubrió a una tercera mujer que denunció que Garcilazo le había pedido citas en repetidas ocasiones y que le había exigido sexo oral por prestarle $20 en un momento de necesidad. Ella rechazó sus insinuaciones e intentó devolvérselos cuando cobró su sueldo. Cuando él no quiso aceptar el dinero y siguió insistiendo en que le pagara con un acto sexual, ella amenazó con presentar una denuncia contra él ante los supervisores de la empresa.
Aunque él dejó de exigirle sexo oral, empezó a hacerle malas evaluaciones de su rendimiento laboral y a reasignarla con frecuencia a otras zonas de trabajo. La mujer declaró a los investigadores que sabía de otras trabajadoras a las que Garcilazo había acosado, entre ellas una compañera a la que había pedido citas en repetidas ocasiones y con la que se había exhibido públicamente. "Todo el mundo sabe lo de Junior", expresó la trabajadora a los investigadores.
Una cuarta mujer detalló a los investigadores de la Oficina del Procurador General múltiples insinuaciones no deseadas de Garcilazo casi cada vez que había interactuado con él, incluida una petición de sexo a cambio de horas extra y horas extraordinarias. También le pidió que le practicara sexo oral, le pidió que viera videos de sexo oral en su teléfono y le hizo comentarios frecuentes sobre su cuerpo. Además, intentó agarrarle los pechos en múltiples ocasiones, pero ella pudo apartarse rápidamente. Según ella, él se jactaba de haber mantenido relaciones sexuales con otras mujeres en la granja, e incluso las nombraba.
La jefa de la División de Derechos Civiles Wing Luke, Colleen Melody, la supervisora de investigación Alma Poletti y el asistente jurídico Logan Young se encargaron del caso para la Oficina del Procurador General.
Conozca sus derechos
La División de Derechos Civiles Wing Luke de Ferguson elaboró guías diseñadas para ser colocadas en los lugares de trabajo con el fin de educar a los ciudadanos de Washington sobre sus derechos en relación con el acoso sexual en el lugar de trabajo.
El folleto, disponible en español e inglés, define qué es el acoso sexual y describe los tipos, las obligaciones de los empleadores y qué pueden hacer los empleados si son víctimas de acoso sexual.
Todas las formas de acoso sexual son ilegales, y los empleadores pueden ser responsables de esas conductas si no toman las medidas adecuadas para combatirlas.
Aquí encontrará más información sobre las responsabilidades de los empleadores, incluidas copias descargables de los folletos.
Protección de trabajadores agrícolas contra el acoso sexual y la discriminación
La División de Derechos Civiles de Ferguson ha llevado con éxito casos contra varias empresas para detener el acoso sexual y la discriminación contra trabajadores agrícolas.
Ferguson presentó una demanda en agosto de 2022 contra Ostrom, con sede en Sunnyside, por acciones injustas, engañosas y discriminatorias contra las trabajadoras agrícolas y los trabajadores de Washington en su granja de hongos. Una investigación reveló que Ostrom despidió a su mano de obra, en su mayoría mujeres y residentes en Washington, y la sustituyó por trabajadores extranjeros temporarios de sexo masculino contratados a través del H-2A Temporary Agricultural Program (Programa de trabajo agrícola temporario H-2A), en violación de la Ley de Washington contra la Discriminación.
Como resultado de la demanda, en mayo de 2023, Ostrom pagó $3,4 millones, que Ferguson utilizó para pagar a los trabajadores agrícolas afectados por la conducta ilegal de Ostrom.
En 2021, Ferguson anunció que Great Columbia Berry Farms, un productor de arándanos del condado de Walla Walla, pagó $350 000 como resultado de la acción ejecutoria de los derechos civiles de su oficina. Ferguson alegó que uno de los directivos de la empresa violó al menos a una trabajadora, acosó sexualmente a varias trabajadoras durante años y tomó represalias contra las trabajadoras que denunciaron su conducta. La indemnización también se destinó a las mujeres perjudicadas por la conducta.
En un tercer caso, la empresa agrícola Horning Brothers, con sede en Quincy, tuvo que pagar $525 000 en 2018 por acoso sexual de múltiples trabajadoras agrícolas, contratación discriminatoria y prácticas de empleo segregadas por sexo y represalias contra las trabajadoras que denunciaron la conducta inapropiada. La demanda alegaba que el funcionamiento y las políticas de Horning Brothers permitieron a su capataz acosar sexualmente y discriminar a las empleadas durante varios años. El supervisor y la empresa tomaron represalias contra las empleadas que rechazaron sus insinuaciones o se quejaron de su conducta. Ferguson destinó los $525 000 a indemnizar a las trabajadoras perjudicadas por el acoso y las represalias.
La División de Derechos Civiles Wing Luke se creó en el 2015 para proteger los derechos de todos los habitantes de Washington al hacer cumplir las leyes estatales y federales contra la discriminación. Se llama así en homenaje a Wing Luke, quien fue Subprocurador General del estado de Washington a finales de la década de 1950 y a principios de la década de 1960. Él fue la primera persona de color elegida para el Consejo de la Ciudad de Seattle y el primer asiático estadounidense elegido para ocupar un cargo público en el Noroeste del Pacífico.
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El Procurador General de Washington sirve al pueblo y al estado de Washington. Como la oficina judicial más grande de Washington, la Oficina del Procurador General brinda representación legal a todas las agencias, juntas y comisiones estatales de Washington. Además, la oficina sirve directamente a la gente al hacer cumplir las leyes de protección de los consumidores, de derechos civiles y de protección al medioambiente. La oficina también persigue el abuso de personas mayores, el fraude de Medicaid, y atiende los casos de depredadores sexuales violentos en 38 de los 39 condados de Washington. Para obtener más información, visite www.atg.wa.gov.
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