Other LanguagesEn la demanda se afirma que la ciudad desalojó ilegalmente a los inquilinos sin una orden judicial
SPOKANE — El Procurador General Bob Ferguson presentó hoy una demanda federal de derechos civiles contra la Ciudad de Sunnyside, en la que afirma que la ciudad ha utilizado de manera ilegal y repetida su Programa de Viviendas de Alquiler Libres de Crimen (Crime Free Rental Housing Program) para forzar a los inquilinos a salir de sus hogares sin evidencia de que se encuentren implicados en actividades delictivas y sin la debida notificación u órdenes judiciales, en violación de las leyes estatales y federales. A pesar de los múltiples comunicados entre la Oficina del Procurador General y los líderes de la ciudad, la ciudad se niega a estar en cumplimiento con la ley.
La mayoría de los residentes desalojados ilegalmente son latinos, mujeres o familias con niños.
La demanda presentada en el Tribunal del Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este del Estado de Washington plantea denuncias bajo la Ley Federal de Derechos Civiles y la Ley de Vivienda Justa y afirma que la ciudad violó la garantía de debido proceso de la constitución de los Estados Unidos y del Estado de Washington, la Ley del Estado de Washington contra la Discriminación y la Ley Estatal de Arrendadores e Inquilinos Residenciales.
“Independientemente de los objetivos de política pública, los gobiernos de ciudades no pueden eludir la ley y desalojar ilegalmente a familias”, dijo Ferguson. "Hubo familias, incluidas familias con hijos, que perdieron sus hogares como resultado de las acciones ilegales de Sunnyside. Eso está mal, por eso mi oficina está tomando medidas para defender los derechos civiles de los residentes ".
La demanda de Ferguson destaca varios ejemplos en los que los funcionarios de Sunnyside han forzado de manera ilegal a los residentes a abandonar sus hogares.
La policía de Sunnyside presuntamente desalojó a una madre latina embarazada con tres hijos después de que se presentara una pelea en el edificio en que vivia. La madre había vivido en la residencia durante siete meses sin incidentes, y no se presentaron cargos contra ella. Aunque no se inició ningún proceso de desalojo judicial contra la madre, la policía de Sunnyside les dio a ella y a sus hijos tres días para desalojar el apartamento. La familia se vio obligada a mudarse entre un hotel y la casa de un familiar, y estuvo sin vivienda permanente por más de un año.
En otro incidente, la policía de Sunnyside desalojó a una madre latina, una abuela y siete niños sin una orden de desalojo judicial. Al parecer, después de que la madre rechazara en repetidas ocasiones las insinuaciones sexuales del arrendador, este acusó a la madre y a su hijo de robo. A pesar de que nunca se inició el proceso de desalojo judicial, tres oficiales llegaron a la casa y ordenaron a la familia que debían desalojar en un plazo de dos días. La familia estuvo sin casa por un tiempo, y se vieron forzados a vivir separados por más de un año.
En un tercer incidente descrito en la denuncia de Ferguson, la policía ordenó a un arrendador que enviara a una pareja una notificación de tres días para desalojar su casa después de que la casa fue allanada en cumplimiento de una orden de allanamiento. No se iniciaron procedimientos judiciales de desalojo. Tres días después, la policía llegó a la casa y ordenó a la pareja que se fuera antes de la medianoche de ese día, dándole a la pareja aproximadamente ocho horas para mudarse. Además, la policía ordenó a la pareja abandonar la ciudad de Sunnyside. La pareja estuvo sin hogar por más de un año.
Desde el inicio de su investigación sobre el funcionamiento del Programa de Viviendas de Alquiler Libres de Crimen de Sunnyside, la Oficina del Procurador General ha expresado reiteradamente su preocupación de que las prácticas de desalojo en virtud del programa violan las leyes estatales y federales. A lo largo de su investigación, la AGO ha mantenido múltiples comunicados y reuniones con los líderes de la ciudad, el más reciente en marzo de 2019, en un esfuerzo por trabajar con la ciudad para lograr que sus prácticas policiales cumplan con las leyes estatales y federales. Estas reuniones no tuvieron éxito.
Programa de Viviendas de Alquiler Libres de Crimen (Crime Free Rental Housing Programs)
En 2010, el Congreso autorizó a los gobiernos locales a crear Programas de Viviendas de Alquiler Libres de Crimen dentro de sus jurisdicciones a través de una asociación entre la policía, los residentes y los propietarios. El objetivo del programa es ayudar a reducir el crimen en viviendas de alquiler, incluyendo las actividades relacionadas con drogas y pandillas, al tiempo que se señalan ciertos requisitos que deben cumplir los gobiernos locales en la implementación del programa.
Sunnyside estableció su Programa de Viviendas de Alquiler Libres de Crimen el mismo año. Bajo este programa, los arrendadores requieren que los residentes firmen un anexo a su contrato de alquiler o arriendo que establece que, si algún tipo de actividad delictiva es permitida o perpetrada por el residente en o cerca de la propiedad, esto constituye un incumplimiento del contrato.
Sunnyside exonera del pago obligatorio de entre $100 y $750 por el derecho de licencia anual para el arriendo de vivienda residencial a los arrendadores que participan voluntariamente en el programa. Si los arrendadores dentro del programa incumplen con los requisitos, la ciudad vuelve a imponer el pago por el derecho de licencia más el 10 por ciento de interés.
De acuerdo con el código municipal de la ciudad, cuando el departamento de policía determina que un inquilino ha cometido o permitido un delito en la propiedad de alquiler o cerca de ella, el departamento de policía debe emitir una notificación de incumplimiento al arrendador. Posterior a esto, el arrendador cuenta con cinco días para entregar una notificación de “cumplir o ser desalojado” al residente y donde se describe la presunta conducta por medio de la cual violó el acuerdo, incluyendo copias de registros públicos disponibles con una descripción detallada de la conducta.
Así mismo, dicho proceso debe cumplir con la Ley Residencial de Arrendadores e Inquilinos, incluyendo proporcionar notificación apropiada a los inquilinos. Para solicitar una orden de desalojo, el arrendador debe ir a la corte, y no se le permite que desaloje al inquilino por su propia cuenta o que le solicite a la policía que lo haga sin contar con una orden judicial. Bajo la RLTA, el rol del departamento de policía en el desalojo de los inquilinos se limita a entregar la notificación de desalojo emitida por el tribunal.
Ferguson afirma que la ciudad ejecutó su Programa de Viviendas de Alquiler Libres de Crimen violando estos requisitos legales.
Cualquier persona que desee compartir información sobre la implementación del Programa de Viviendas de Alquiler Libres de Crimen de Sunnyside, incluidas las personas afectadas por el programa, debe comunicarse con la Oficina del Procurador General llamando al (833) 660-4877 y eligiendo la opción 5 del menú.
La demanda de Ferguson
Además de forzar a la Ciudad de Sunnyside, sus empleados y representantes a cesar con su conducta ilegal, la demanda de Ferguson busca indemnización pecuniaria, incluyendo asistencia monetaria para los residentes desalojados ilegalmente y el pago de los costos y honorarios de los abogados.
Los Subprocuradores Generales, Mitchell Riese y Neal Luna, de la División de Derechos Civiles Wing Luke de la AGO están a cargo del caso por parte del Estado de Washington.
Ferguson creó la División de Derechos Civiles Wing Luke en el 2015 para proteger los derechos de todos los residentes de Washington mediante la aplicación de la ley estatal y las leyes federales contra la discriminación. Ferguson nombró a la división en honor a Wing Luke, quien se desempeñó como Procurador General Adjunto del Estado de Washington a fines de la década de 1950 y principios de la década de 1960. Luke fue la primera persona elegida para el Consejo de la Ciudad de Seattle y la primera persona Asiatica-Americana elegida a un cargo público en el Pacífico Noroeste.
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La Oficina del Procurador General es la oficina legal principal del estado de Washington con abogados y personal en 27 divisiones a través del estado que proveen servicios legales a aproximadamente 200 agencias, juntas y comisiones estatales. Para obtener más información, visite www.atg.wa.gov.
Contactos:
Brionna Aho, Directora de Comunicaciones, (360) 753-2727; brionna.aho@atg.wa.gov