Other LanguagesEl Procurador General Bob Ferguson impugna el intento del presidente Trump de eliminar las garantías de protección de los niños inmigrantes
Entrevistas del Estado de Washington con niños inmigrantes revelan las deplorables condiciones en centros de detención federal.
SEATTLE — El Procurador General Bob Ferguson presentará hoy una demanda que busca impedir las nuevas normas de la Administración de Trump que privan de importantes garantías de protección contra el maltrato a los(as) niños(as) inmigrantes y las familias detenidas en la frontera de los EE. UU., permitiendo su detención indefinida en instalaciones sin los estándares de atención adecuados ni la vigilancia por parte del estado.
Solo en el último año, cientos de niños(as) inmigrantes han sido transferidos a instalaciones autorizadas por el Estado de Washington o puestos bajo la custodia del estado.
Las entrevistas con niños(as) y adolescentes inmigrantes en instalaciones del Estado de Washington, realizadas el mes pasado como parte de la autoridad supervisora del Estado de Washington, revelaron las deplorables condiciones existentes dentro de las instalaciones federales de detención. Además de la falta de cepillos de dientes, jabón o acceso a duchas que se había informado anteriormente en los medios de comunicación, los(as) niños(as) informaron que las celdas eran extremadamente estrechas, que los niños(as) pequeños eran puestos en jaulas como castigo y que los guardias lanzaban comida al suelo para que los(as) niños(as) se pelearan por ella.
"Las crueles políticas de inmigración de esta Administración recuerdan vergonzosos capítulos de la historia de Estados Unidos: la detención de Japoneses Estadounidenses y la separación forzada de las familias Nativas Americanas,, señaló Ferguson. "No permitiremos que la Administración de Trump nos arrastre de nuevo hacia las devastadoras e inmorales prácticas del pasado."
"Detener a las familias de manera indefinida e infligir innecesariamente un trauma en niños(as) pequeños(as) no es una política migratoria, es un aberrante abuso del poder. Esta administración ha buscado intencionalmente deshumanizar y degradar a los inmigrantes en nuestra frontera sur. Las acciones y políticas del presidente son crueles, inhumanas e ilegales," dijo el Gobernador Jay Inslee. "El Estado de Washington luchará para detener esta inaceptable política."
Las nuevas normas, publicadas el viernes, anulan un antiguo acuerdo aprobado por el tribunal, conocido como Flores Agreement (el Acuerdo de Flores), el cual rige el trato humanitario de los(as) niños(as) inmigrantes bajo custodia federal. Ferguson afirma que las nuevas normas de la Administración de Trump permiten a los funcionarios federales detener de forma ilegal a niños(as) y familias en instalaciones no autorizadas y que no cuentan con los estándares de atención para proteger la seguridad y el bienestar de los(as) niños(as) inmigrantes. La nueva norma también permite su detención prolongada, incluso indefinida.
Las normas le dan al gobierno federal el poder de suspender sus estándares en caso de una "afluencia" de inmigrantes. Las normas definen una afluencia en términos generales. De hecho, muchas de las situaciones de aumento de la inmigración que se han presentado en los últimos años le permitirían al gobierno suspender incluso estos estándares mínimos bajo las normas.
Las nuevas normas también les quitan a los estados su papel en la regulación del cumplimiento de los estándares mínimos en instalaciones que albergan a niños(as) inmigrantes para el gobierno federal. Eliminan el requisito establecido en el Acuerdo de Flores que establece que los(as) niños(as) inmigrantes deben ser colocados en instalaciones autorizadas por el estado o con familias de crianza aprobadas por el estado.
Ferguson se une hoy a 19 otros procuradores generales para desafiar las nuevas normas de la Administración de Trump en el Tribunal Federal para el Distrito Central de California. Ellos afirman que las nuevas normas están impulsadas principalmente por el "objetivo declarado de la Administración de Trump de disuadir a los no ciudadanos de venir a los Estados Unidos."
En la demanda de hoy, los fiscales generales afirman que la detención prolongada de niños(as) y familias en "en condiciones similares a una prisión" tendrá un profundo impacto a largo plazo en su salud mental y física.
En julio de 2019, como parte de su deber de garantizar que los(as) niños(as) inmigrantes que se encuentran ubicados en el Estado de Washington sean atendidos adecuadamente, los otorgantes de licencias del Departamento de Niños, Jóvenes y Familias del Estado de Washington, junto con el personal de la Oficina del Procurador General, entrevistaron a 28 niños(as) inmigrantes entre las edades de 12 a 17 años transferidos por funcionarios federales a instalaciones autorizadas por el estado dentro del Estado de Washington.
El número de niños(as) detenidos(as) en instalaciones dentro del estado varía, dependiendo del número de nuevas colocaciones y liberaciones.
Algunas de sus desgarradoras historias se detallan en una declaración que el Estado de Washington espera presentar en este caso en las próximas semanas.
Entre las muchas experiencias perturbadoras, una niña contó que los guardias en el centro de detención federal "les lanzaban la comida al suelo, como si fueran animales." A menudo no se asignaba suficiente comida en su habitación, por lo que los(as) niños(as) peleaban por la comida.”
Los(as) niños(as) compartieron muchas otras de sus experiencias al estar detenidos(as), incluyendo luces encendidas las 24 horas del día y muy bajas temperaturas.
"Era casi imposible dormir porque los guardias los despertaban con frecuencia durante la noche," dice la declaración. El niño le dijo a los investigadores que "los despertaban a las 12 a.m., a las 3 a.m., a las 6 a.m. y a las 9 a.m. El sentía que los guardias los estaban privando intencionalmente del sueño al pasar lista en mitad de la noche."
A algunos les confiscaron su ropa extra, y solo se les suministró mantas finas de "aluminio."
Una niña informó estar entre una docena de niños(as) detenidos(as) en una habitación tan pequeña que no podían sentarse, y mucho menos acostarse todos al mismo tiempo. "Los que se acostaban debían encoger sus cuerpos porque no había suficiente espacio para poder extender las piernas."
Muchos(as) niños(as) detenidos(as) informaron que no se les dieron cepillos de dientes, jabón, duchas o toallas mientras estuvieron detenidos(as), en ocasiones hasta por 10 días. Las niñas en sus períodos informaron que no se les ofreció duchas o un cambio de ropa cuando era necesario y solo se les dio una toalla sanitaria por día.
Algunos de los(as) niños(as) informaron haber sido colocados en celdas con niños(as) de tan solo 4 o 5 años, sin sus padres. "Se les dijo a las niñas mayores en la habitación que cuidaran a los(as) niños(as) pequeños(as), y constantemente se les dijo que los mantuvieran callados(as) y que dejaran de llorar ‘o de lo contrario,’” indica la declaración.
Otros informaron que los(as) niños(as) más pequeños(as) "a menudo eran colocados solos en pequeñas jaulas de metal ("jaulas") si se portaban mal o estaban muy inquietos." Otros vieron a niños(as) pequeños(as) encerrados(as) solos(as) en habitaciones oscuras como castigo por hacer demasiadas preguntas o por llorar. Los agentes de CBP se reían de las madres que pedíanfórmula o medicamentos para bebés enfermos y les decían a los niños(as) que solicitaban alimentos diferentes que serían deportados.
Si las nuevas normas del gobierno federal entran en efecto, el Estado de Washington no podría contar sus historias, ya que el estado no contaría con la autoridad para la supervisión de dichas instalaciones.
Además, los programas y servicios estatales serán los responsables de la carga a largo plazo de estos traumas después de que los(as) niños(as) sean finalmente puestos en libertad y regresen a nuestras comunidades. En el último año fiscal que finalizó en julio, la Oficina de Reubicación de Refugiados entregó a 566 niños(as) inmigrantes a familias auspiciantes en el Estado de Washington. Más de 2.500 han sido puestos en libertad en todo el estado desde octubre del 2013.
Además, las nuevas normas eliminan la posibilidad de los menores no acompañados de impugnar los lugares donde son colocados durante su detención en los tribunales de inmigración.
La demanda de hoy afirma que las nuevas normas violan la Cláusula de Debido Proceso Legal de la Quinta Enmienda y la Ley de Procedimiento Administrativo. Los fiscales generales solicitan al tribunal que impida la implementación de las normas y las declaren inválidas.
El caso Flores
Las actuales normas que rigen el trato humanitario de las familias y los(as) niños(as) inmigrantes se basan en un caso presentado originalmente a mediados de la década de 1980, Flores vs Reno. El acuerdo al que se llegó entre las partes, y el cual se modificó en varias ocasiones en los años subsecuentes, establece límites sobre la duración de la detención y las normas de trato de los(as) niños(as) inmigrantes, así como los lineamientos para su liberación a parientes adultos o programas autorizados por el estado.
El litigio en relación con el caso Flores aún continua y su más reciente fallo se llevó a cabo el pasado 15 de agosto. En ese fallo, un panel de tres jueces en conjunto con el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito rechazó una apelación de la Administración de Trump donde los abogados del gobierno intentaron argumentar que el jabón, los cepillos de dientes y la pasta de dientes esencialmente no eran elementos necesarios en un ambiente de reclusión "seguro y sanitario."
"Asegurarse de que los niños coman suficientes alimentos comestibles, beban agua limpia, se alojen en instalaciones higiénicas con baños sanitarios, que tengan jabón y pasta de dientes, y que no sean privados de su sueño son, sin lugar a duda, condiciones esenciales para la seguridad de los(as) niños(as)," escribieron los jueces en su opinión.
La separación de familias
Las nuevas normas son el último capítulo de las políticas fronterizas intolerantes de la Administración de Trump.
El 6 de abril de 2018, el Fiscal General Jeff Sessions anunció una nueva política de "tolerancia cero" en la frontera sur de los Estados Unidos. En lugar de hacer evaluaciones específicas de casos individuales, respetando los derechos del debido proceso y la integridad familiar, la Administración de Trump comenzó a procesar todos los delitos de inmigración posibles, deteniendo a todos los adultos acusados. El efecto deseado y reconocido fue la separación de padres e hijos(as) en la frontera.
En junio de 2018, Ferguson presentó una demanda impugnando la política de "tolerancia cero" de la Administración. El caso de Ferguson está actualmente pendiente ante el Tribunal Estatal del Distrito Sur de California, junto con otros casos relacionados que ponen en tela de juicio la política.
La Administración de Trump finalmente recibió la orden de reunir con sus familias a los miles de niños(as) afectados(as) por esta política.
En septiembre de 2018, la Administración Trump publicó las nuevas normas propuestas para anular las garantías de protección legales de los(as) niños(as) inmigrantes establecidas por el Flores Agreement. Ferguson y el gobernador Jay Inslee expresaron su oposición a las normas propuestas, comparándolas con las políticas en la historia de los Estados Unidos que permitieron la separación forzada de las familias Nativas Americanas y la detención de Japoneses Estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial.
La jefa de la División de Derechos Civiles de Wing Luke, Colleen Melody, y la Subprocuradora General, Laura Clinton, lideran el caso por el Estado de Washington.
Demandas contra la Administración de Trump
Ferguson ha presentado 47 demandas contra la Administración de Trump y no ha perdido un caso. Ferguson tiene 21 victorias legales contra la Administración de Trump. Trece de esos casos están cerrados y no pueden ser apelados. La Administración de Trump ha apelado o puede apelar los otros ocho, que incluyen demandas que involucran a Dreamers y pistolas impresas en 3D. Ningún tribunal que se pronuncie en base a los argumentos del Procurador General en una demanda contra la Administración de Trump ha fallado en contra de la oficina del Procurador General.
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