Other LanguagesAna Nascimento publicitó engañosamente servicios jurídicos para inmigrantes de habla portuguesa a pesar de no tener experiencia ni formación en Derecho
SEATTLE: El fiscal general Bob Ferguson presentó hoy una demanda contra una empresa de Seattle y su propietaria por aprovecharse de nuevos inmigrantes haciéndoles promesas engañosas de ayudarlos con asesoramiento jurídico para sus necesidades de inmigración y luego abandonarlos en los tribunales después de cobrarles miles de dólares.
Ana Caroline Pinto do Nascimento, dueña de ACN & Associates, LLC, se enfoca en inmigrantes de habla portuguesa de Brasil. Nascimento no es una abogada con matrícula en el estado de Washington ni tiene formación académica en Derecho. Según las quejas de los consumidores, Nascimento les dice a las familias que las representará en los tribunales de inmigración, pero nunca se ha presentado en ninguno porque no es abogada. Cuando las familias piden que les devuelvan su dinero, Nascimento se niega o se retrasa.
La Oficina del Procurador General recibió cuatro denuncias por la conducta de Nascimento. La Oficina del Procurador General estima que aproximadamente dos decenas de personas buscaron su ayuda para ellas y sus familias, y que la mayoría acordó pagarle entre cientos y miles de dólares. Según la demanda, ella cobra hasta $6000 por solicitudes de asilo.
En una denuncia, un conocido de habla inglesa de uno de los clientes de Nascimento escribió: “Lo que es obsceno en particular sobre este abuso de una madre soltera indefensa que busca seguridad en los EE. UU. es que negarle la devolución de los fondos, en realidad, le impide seguir adelante con representación legal competente… podrían deportarla debido a este fraude/robo”.
Ferguson está buscando sanciones civiles y restitución para las familias que pagaron dinero a Nascimento y su empresa. Además, Ferguson solicita una orden judicial preliminar del tribunal para detener de inmediato esta conducta ilegal. La demanda y solicitud de medidas cautelares previas se presentan en King County Superior Court (Tribunal Superior del condado de King).
“Ana Nascimento se aprovecha de las esperanzas de los inmigrantes de encontrar asilo o trabajo en nuestro estado y luego los abandona cuando más la necesitan, cuando están ante el juez de inmigraciones”, dijo Ferguson. “Privó a decenas de familias de un defensor calificado y las estafó con el dinero que tanto les costó ganar. Mi equipo procesará a los estafadores de inmigración, que explotan a las familias que solo quieren vivir y trabajar en el estado de Washington”.
Si usted considera que fue víctima de fraude con los servicios de inmigración de la empresa de Nascimento o de cualquier otra agencia de servicios de inmigraciones, presente una queja ante la Attorney General's Office en línea o llame al 1-800-551-4636 de lunes a viernes, de 10:00 a. m. a 3:00 p. m.
Ferguson afirma que la conducta de Nascimento incumple la ley de Immigration Services Fraud Prevention Act (Ley para la Prevención del Fraude en los Servicios de Inmigración) porque ella no es abogada con matrícula en el estado de Washington, pero claramente publicita ofertas de servicios jurídicos de inmigración. Además, no tiene ninguna acreditación para representar a personas ni a sus familias en ningún tribunal de inmigración.
Ferguson también afirma que Nascimento y su empresa infringen la Consumer Protection Act (CPA, Ley de Protección al Consumidor) mediante la comercialización y la venta ilegal de servicios jurídicos de manera engañosa. En su sitio web una vez la empresa se publicitaba como “experiencia en la que usted puede confiar” y que ofrecía “Derecho de Inmigración que pueda entender”.
Nascimento continúa operando su empresa a pesar de que, en abril, desde U.S. Department of Justice’s Executive Office (la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración del Departamento de Justicia de EE. UU) se le envió una orden de cesar y abstenerse. Después de recibir la carta, ella cambió su sitio web de inglés a portugués.
Ferguson pretende que se indemnice a las familias que pagaron dinero y que un tribunal acabe con la conducta ilegal de Nascimento y su empresa.
Las fiscales generales adjuntas Susana Croke y Alexandra Kory, la asistente jurídica Rosa Hernández, los investigadores Scott Henderson y Eric Peters y la auxiliar jurídica Michelle Paules están a cargo del caso para la Attorney General's Office.
La conducta engañosa de Nascimento perjudicó a personas y familias
En la solicitud de medidas cautelares previas presentada con la demanda, la Oficina del Procurador General incluyó ejemplos de las prácticas comerciales de Nascimento y ACN basadas en mensajes de texto que las personas le enviaron a ella o a miembros de su personal.
Por ejemplo, a principios de marzo, un hombre brasileño que necesitaba asilo en Seattle buscó representación para su caso, que los incluía a él, a su pareja y a su hijo de 9 años. Se fueron de Brasil en busca de seguridad después de que el propietario del lugar donde vivían los amenazara e impusiera un bloqueo en la casa. Tuvieron una audiencia en el tribunal de inmigración el 29 de marzo y él quería garantías de que un abogado los representaría a él y a su familia. Nascimento le brindó esas garantías, pero en la fecha de la audiencia nadie se presentó.
El hombre la llamó y le envió mensajes desde el tribunal varias veces preguntando dónde estaba su abogado.
“Estoy en el tribunal ahora, y se suponía que hoy iba a haber un abogado. ¡Por Dios! ¡Estoy perdido! Ya le pagué $500. ¿Cómo hago para recuperar mi dinero? Porque debo conseguir otro abogado urgente. Si no, me deportarán”, escribió el hombre en un mensaje de texto al asistente de Nascimento.
“Cuando iniciamos su proceso, la Dra. Ana era abogada. Ahora ya no es abogada, sino asistente jurídica”, le respondió el asistente.
Un juez le dijo al hombre que nadie había presentado ningún documento para su caso.
Después de hablar con Nascimento más tarde, ella le aseguró al hombre que lo que había sucedido era un error y que le buscaría un abogado para la siguiente audiencia. Tres semanas antes de la audiencia en mayo, el asistente de Nascimento le dio al hombre el nombre de un abogado, pero en la mañana de la audiencia le dijeron que sería otra persona. Finalmente, un juez de inmigración le dijo al hombre que no permitiría que el abogado entrara al tribunal debido a la asociación con Nascimento. El hombre le había pagado a Nascimento $3000 por la representación.
En enero, otro hombre brasileño que buscaba un permiso de trabajo se comunicó con Nascimento para solicitar representación para él, su esposa y su hijo pequeño. Habían viajado junto con el niño a los Estados Unidos para cuidar de manera temporal a un familiar anciano. Nascimento dijo que podría representarlos y que comparecería personalmente en las audiencias judiciales. El hombre le preguntó a Nascimento sobre los riesgos y la solidez del caso. La única respuesta de Nascimento fue que no había forma de que un juez de inmigración rechazara sus solicitudes.
El día de la primera audiencia, el hombre no pudo ubicar a Nascimento en el tribunal, por lo que la llamó y le dejó un mensaje. “Me quedé allí como un tonto, sin saber qué decir. El juez me preguntó su nombre. Fue como si no tuviera a ningún abogado que me representara, como si estuviese solo”, escribió.
Una vez más, Nascimento ofreció excusas y garantías de que ella y su personal estaban trabajando en su solicitud y que tendrían un abogado en la siguiente audiencia. El hombre se refirió a ella como la “Dra. Ana”, que es un tratamiento honorífico para los abogados en Brasil. En ningún momento Nascimento lo corrigió y, de hecho, el propio personal de Nascimento se refería a ella como la Dra. Ana en las comunicaciones con los consumidores.
En junio, mientras el hombre se preparaba para la siguiente audiencia, Nascimento señaló que tendría un abogado diferente. Dos días después, el asistente de Nascimento le informó al hombre que ella había cancelado el contrato que tenía con su empresa y que recibiría un reembolso. El hombre pidió hablar directamente con Nascimento, pero ella nunca le respondió.
En julio, el hombre no había recibido su reembolso y Nascimento le aseguró que aún se estaba procesando.
Fraude en los servicios de inmigración
El fraude en los servicios de inmigración, o del “notario”, es ilegal según la ley de Immigration Services Fraud Prevention Act (Ley para la Prevención del Fraude en los Servicios de Inmigración) del estado de Washington. Esta ley, promulgada como tal en 2011 a pedido de la Oficina del Procurador General, protege a los consumidores de entidades no autorizadas que comercializan asesoramiento para completar formularios de inmigración y atravesar estos procesos, que en términos jurídicos solo pueden brindar abogados calificados y representantes acreditados.
Estos “consultores” de inmigración no certificados, por lo general, son notarios públicos que se aprovechan de los clientes inmigrantes refiriéndose a sí mismos como “notarios” o “notarios públicos”, términos que en países latinoamericanos se refieren a abogados o personas con capacitación jurídica avanzada.
La ley prohíbe específicamente el uso de estos y otros términos engañosos que impliquen habilidades legales profesionales en el área del Derecho de Inmigración en publicidades.
Señales de que puede tratarse de una estafa de inmigración
Las leyes de protección para el consumidor de Washington protegen a todas las personas que viven en nuestro estado. La Oficina del Procurador General ayuda a todas las personas y no le preguntaremos sobre su situación migratoria.
Notifique a la Oficina del Procurador General si estuvo en contacto con alguna persona que haya hecho lo siguiente:
- Se haya publicitado como “notario público”, “notario”, asistente de inmigración, consultor de inmigración o especialista en inmigración.
- Le haya cobrado un cargo por derivarlo a un abogado de inmigración.
- Le haya cobrado por los formularios de los Citizenship and Immigration Services (Servicios de Ciudadanía e Inmigración) de EE. UU. o para presentar los formularios.
- Le haya pedido que firmara un formulario que contenía información falsa.
- Le haya propuesto “encontrarle” un patrocinador o cónyuge para obtener una green card (tarjeta de residencia/permiso de trabajo de EE. UU.).
No acepte pagarle a nadie por consultoría o asesoramiento jurídico en un tema de inmigración hasta que confirme que sea un abogado matriculado o un representante acreditado por el Gobierno federal, autorizado para prestar dichos servicios.
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El Procurador General de Washington sirve al pueblo y al estado de Washington. Como la oficina judicial más grande de Washington, la Oficina del Procurador General brinda representación legal a todas las agencias, juntas y comisiones estatales de Washington. Además, la oficina sirve directamente a la gente al hacer cumplir las leyes de protección de los consumidores, de derechos civiles y de protección al medioambiente. La oficina también persigue el abuso de personas mayores, el fraude de Medicaid, y atiende los casos de depredadores sexuales violentos en 38 de los 39 condados de Washington. Para obtener más información, visite www.atg.wa.gov.
Contacto con los medios:
Brionna Aho, Communications Director, (360) 753-2727; Brionna.aho@atg.wa.gov
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